La obligación de declarar las capturas de pesca marítima recreativa mediante una aplicación móvil ha acabado en los tribunales. Cuatro asociaciones del sector han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el sistema español PescaREC, al entender que resulta más complejo que la herramienta desarrollada por la Comisión Europea y que genera incertidumbre entre los aficionados.
La impugnación ha sido admitida a trámite y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado de ella mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tal y como ordenó la sección quinta de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal.
Las entidades que han promovido el recurso son la Asociación Mallorquina de Pesca Marítima Recreativa Responsable, Pesca Responsable Al-Andalus, Catalana per a una Pesca Responsable y la Federación Galega de Pesca Marítima Responsable e Náutica de Recreo. La información ha sido adelantada por La Voz de Galicia.
Reclaman utilizar la aplicación creada por la Comisión Europea
La normativa obliga a los pescadores recreativos, o a la persona en quien deleguen, a comunicar a través de PescaREC determinadas capturas antes de que transcurran 24 horas desde el final de la jornada. En el caso de especies sujetas a protección diferenciada, la declaración también debe realizarse aunque no se haya capturado ningún ejemplar.
España optó por desarrollar su propia aplicación, al igual que Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Eslovenia. Sin embargo, otros trece países costeros de la Unión Europea utilizan RecFishing, la plataforma impulsada por la Comisión Europea con el objetivo de armonizar la recogida de datos entre los Estados miembros.
Las asociaciones sostienen que el sistema español es «más complejo, más gravoso y menos armonizado» que el comunitario. En un comunicado aseguran que la publicación del recurso en el BOE «confirma la dimensión jurídica e institucional» del procedimiento y añaden que «no se trata de una simple queja sectorial, sino de un recurso formalmente planteado ante el Supremo frente a una disposición general del Estado que afecta directamente a la pesca marítima de recreo».
Aseguran que apoyan el control, pero no la forma de aplicarlo
Los recurrentes insisten en que su oposición no se dirige contra las obligaciones establecidas por la Unión Europea. De hecho, recuerdan que desde hace años defienden «una pesca recreativa responsable, comprometida con la conservación marina y dispuesta a aportar información útil para mejorar la gestión» de los recursos.
Lo que cuestionan es la decisión del Estado de implantar una herramienta distinta a la europea. En su opinión, la Administración no ha justificado suficientemente por qué eligió PescaREC ni cuáles son sus ventajas frente a RecFishing, diseñada precisamente para «simplificar y armonizar» la recopilación de información.
Además, aseguran que la aplicación genera «importantes dudas prácticas y jurídicas» entre los usuarios. Entre otras cuestiones, señalan que muchos pescadores desconocen con claridad qué especies deben declarar, si deben incluir las capturas que devuelven al mar, cómo proceder cuando no existe cobertura móvil o quién debe realizar la declaración cuando una embarcación lleva varios tripulantes.
También piden más garantías sobre los datos personales
Las cuatro asociaciones consideran igualmente que la aprobación del sistema debería haber ido acompañada de un proceso más amplio de consulta con el sector y de un estudio sobre el impacto económico y administrativo de implantar una aplicación nacional cuando ya existe una alternativa comunitaria.
Asimismo, muestran su preocupación por el tratamiento de la información recopilada por la plataforma. Reclaman «garantías claras» sobre qué datos personales se almacenan, quién puede acceder a ellos, durante cuánto tiempo se conservan, si podrían utilizarse con fines sancionadores y cómo quedarán protegidos.
Como conclusión, los demandantes defienden que «el problema no es declarar, el problema es imponer una obligación mal explicada, excesiva, poco participada y desconectada de la realidad del pescador». Por ello, solicitan la revisión de PescaREC, estudiar la implantación de RecFishing, simplificar las obligaciones de declaración y establecer un periodo inicial de carácter pedagógico antes de aplicar posibles sanciones.