Las organizaciones con representación en el Consejo Regional de Caza (Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Aproca, Atica CLM y Atica GU) ponían en marcha hace unas semanas una campaña para reclamar a los distintos candidatos de los partidos políticos que optan al Gobierno de Castilla-La Mancha alcanzar un ‘Pacto por la Caza’, que ahora ha sido ratificado por los principales partidos políticos con la firma de este documento.
El pacto recoge las necesidades de la caza en Castilla-La Mancha, que van desde modificaciones legislativas en aquellos aspectos que se ha comprobado que no funcionan correctamente o que suponen una burocratización y una innecesaria carga administrativa.
El pacto también aboga por poner en marcha medidas específicas para la defensa de la caza menor, la rehala y otras modalidades tradicionales de caza, y reclamaba adoptar iniciativas concretas de apoyo a las sociedades de cazadores locales y titulares de cotos.
Entre los principales puntos recogidos en el pacto se encuentra la petición del sector de actualizar la legislación vigente reformando la Ley 2/2018 de Caza de Castilla-La Mancha, el Decreto 15/2022 por el que se aprueba el Reglamento General de Aplicación de la Ley 3/2015 y la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Simplificación de la burocracia administrativa
Además, el pacto aboga también por la simplificación de la burocratización administrativa actual como consecuencia de la aplicación de la reforma de la Ley de Caza y del nuevo Reglamento, que ha convertido a los cotos de caza en una fuente de burocracia que les obliga a la contratación de personal.
Apostar por la protección y recuperación de la caza menor, la promoción y defensa de la caza social y colectiva, o por una visión de la caza como el mayor nicho de empleo actual del medio rural son otros de los puntos que recoge este acuerdo.
Entre las peticiones que los partidos políticos están dispuestos a asumir si llegan a gobernar la región está también el dotar de una normativa específica a las rehalas, pues, recuerdan desde el sector, los perros deben tener la consideración de animales de trabajo.
Por otro lado, este documento también recoge el compromiso de los partidos políticos para declarar la montería y las rehalas como Bien de Interés Cultural (BIC) o permitir que en el parque Nacional de Cabañeros se realicen controles poblacionales de ungulados -ciervo, jabalí, corzo, gamo y muflón- por parte de los propietarios de los terrenos.
Exigirán el cumplimiento del pacto alcanzado
Los representantes del sector cinegético han mostrado su satisfacción por el compromiso alcanzado por estos partidos políticos, pero han advertido que estarán muy atentos al cumplimiento de todas las medidas y exigirán la consecución del pacto alcanzado.
El sector cinegético ha subrayado que la caza es una actividad fuertemente arraigada en Castilla-La Mancha, que aglutina más de 100.000 hombres y mujeres que conservan, mantienen y protegen más del 80% del territorio castellano-manchego, donde no existe un solo municipio rural de la región que no cuente con, al menos, una sociedad de cazadores o un coto de caza.
Y han recordado que según un reciente estudio, la mayoría de los habitantes de Castilla-La Mancha consideran la caza necesaria para el medio ambiente y el mundo rural, al ser una herramienta vital para la conservación del patrimonio natural de la región y su desarrollo rural, generando más de 23.000 empleos directos y 600 millones de euros de beneficios.