La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha dado un paso al frente contra los últimos movimientos legislativos del Gobierno en materia de bienestar animal. Este 18 de julio, la entidad que preside Josep Escandell ha formalizado un escrito de alegaciones dirigido a la Dirección General de Derechos de los Animales, en el que denuncia que dos proyectos de real decreto impulsados por este organismo suponen una amenaza directa para la legalidad y el futuro de la caza en España.
Se trata, concretamente, del proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2023, de protección y bienestar animal, y del proyecto de real decreto sobre identificación de animales de compañía. Según la Federación, ambos textos intentan, de forma velada o explícita, incluir bajo su regulación a los animales utilizados en la actividad cinegética, a pesar de que esta fue expresamente excluida del ámbito de aplicación de la ley vigente.
El presidente de la RFEC ha sido tajante: «Pretenden retrotraer al marco normativo estatal aspectos de la Ley de Bienestar Animal de los cuales la actividad cinegética había quedado excluida». En este sentido, el organismo alerta de una intromisión normativa injustificable que quiebra el principio de seguridad jurídica y excede claramente el marco legal aprobado por el Parlamento.
El caso de los perros de caza y razas funcionales
Uno de los puntos más controvertidos señalados por la RFEC es la inclusión, en los textos propuestos, de restricciones a la reproducción de razas funcionales como el Dogo Argentino, utilizadas habitualmente en el mundo de la caza. Esta medida supondría una colisión directa con el Real Decreto 287/2002, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y que ya establece los criterios competenciales sobre esta materia.
Además, los documentos ignoran que los perros de caza, rehalas y otras especies auxiliares ya cuentan con regulaciones específicas y diferenciadas, amparadas tanto por la jurisprudencia como por la normativa vigente. La RFEC califica esta inclusión como una vulneración de competencias por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales, y advierte de las posibles consecuencias legales.
Colonias felinas asilvestradas: otro punto de fricción
El documento de alegaciones también denuncia la inclusión de un apartado destinado a proteger la presencia de gatos asilvestrados en espacios naturales, lo que choca de lleno con la evidencia científica y el consenso técnico en materia de conservación. La Federación recuerda que esta especie supone una amenaza directa para la biodiversidad y acarrea riesgos sanitarios considerables.
Además, alerta de que esta medida vulnera la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una norma que debería primar frente a disposiciones menores, especialmente cuando hay un impacto ecológico comprobado. Para la RFEC, este epígrafe es un ejemplo más de la ausencia de criterio técnico y del uso sesgado de la legislación ambiental por parte de los redactores de estos textos.
Una advertencia final: no descartan acciones legales
En cuanto al decreto sobre identificación animal, la Federación vuelve a recordar que los animales de caza deben quedar excluidos, no solo por razones jurídicas, sino también por las singularidades propias de su actividad, que no tienen equivalencia con los animales de compañía. Según denuncia, los proyectos se apoyan en documentos sin validez normativa y en fundamentos jurídicos endebles, como resoluciones no vinculantes del Parlamento Europeo.
La Memoria de Impacto Normativo también ha sido señalada como deficiente, al no valorar el efecto real sobre las comunidades autónomas, el mundo rural y el sector cinegético. Por todo ello, la RFEC ha exigido la modificación urgente de varios artículos y ha advertido que no descarta acudir a los tribunales si finalmente se aprueban unos reales decretos que, a su juicio, atentan contra los intereses socioeconómicos, ambientales y culturales del sector.