El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una consulta pública previa para modificar el Reglamento de Armas, una reforma que se presenta como una simple adaptación a la Directiva (UE) 2021/555, pero que en realidad introduce una remodelación mucho más amplia. La iniciativa llega sin que el sector cinegético haya tenido conocimiento previo, pese a que este texto se viene trabajando desde octubre.
Según el documento difundido, el proceso está abierto oficialmente entre el 16 de febrero y el 8 de marzo de 2026, plazo durante el cual ciudadanos, asociaciones y organizaciones pueden presentar alegaciones. Sin embargo, la sensación en buena parte del sector es clara: la reforma ya llega prácticamente diseñada.
Aunque el argumento oficial es corregir un aspecto técnico relacionado con el marcado de armas artísticas y del sistema Flobert, el borrador incluye cambios que afectan directamente a cazadores, tiradores deportivos, armerías y federaciones.
Entre los puntos más delicados está el que apunta a una futura limitación del número de rifles en manos de civiles, una medida que alteraría un marco legal que se ha mantenido estable durante décadas.
La propuesta también plantea la unificación de las licencias D y E, que actualmente regulan, entre otras cuestiones, rifles de caza mayor y escopetas, pero esa aparente simplificación administrativa llegaría acompañada de nuevas restricciones.
La reforma se apoya en la “seguridad ciudadana” y en informes de inteligencia
Interior pretende justificar buena parte del endurecimiento de la normativa apelando a motivos de seguridad. De hecho, en una información publicada por Confidencial Digital se recoge literalmente una de las razones que se esgrimen desde la Guardia Civil: «Los informes de inteligencia indican que la dificultad de acceso a armas de fuego por parte de determinados grupos de delincuencia organizada ha provocado una búsqueda de otras vías de suministro tales como el uso de testaferros que adquieren legalmente determinados tipos de armas para luego facilitárselas mediante subterfugios como la falsa denuncia de pérdida o robo».
El problema, según denuncian voces críticas, es que se estaría trasladando al conjunto de los ciudadanos legales —cazadores y tiradores incluidos— el peso de combatir prácticas criminales que nada tienen que ver con ellos.
En esa misma línea, se plantean medidas orientadas a restringir el acceso a determinados tipos de armas blancas, así como a armas de apariencia táctica, justificándolo en la necesidad de prevenir desvíos hacia el mercado ilegal.
Además, el texto introduce la obligación de realizar cursos formativos previos para acceder a varias licencias, endureciendo el proceso para actividades plenamente legales como la caza o el tiro deportivo.
Un cambio profundo que afectará de lleno al sector cinegético
Otro de los puntos que más inquieta es que la reforma no se limita a imponer nuevos requisitos, sino que también reorganiza el control administrativo mediante una redistribución interna de competencias dentro de la Guardia Civil, lo que supondría una recentralización funcional del sistema.
A esto se suma que el proyecto incluye cambios específicos en el ámbito del tiro deportivo, como ajustes en el número de armas permitidas para ciertas categorías y nuevas exigencias psicofísicas para mayores de 67 años en licencias F.
Todo ello configura una reforma extensa que, lejos de ser un simple trámite europeo, redefine el equilibrio entre el control administrativo y el uso legítimo de armas para fines deportivos y cinegéticos.
El sector lamenta especialmente que este proceso se haya impulsado sin un diálogo previo real. La consulta pública llega cuando el documento ya marca con claridad sus objetivos y líneas maestras, lo que refuerza la idea de que el rumbo de la reforma ya estaba decidido antes de abrir el plazo para opinar.
ANARMA habla de «atropello» y anuncia acciones legales
La reacción de la Asociación Nacional del Arma (ANARMA) no se ha hecho esperar. Su vicepresidente, Daniel Álvarez, califica el proyecto como «un auténtico bodrio legislativo y un atropello sin precedentes a las libertades civiles de los legítimos propietarios de armas españoles».
Álvarez denuncia que, bajo «la falsa apariencia de una transposición europea», la ICAE «pretendiendo imponer restricciones arbitrarias basadas en la estética de las armas y confiscaciones encubiertas mediante la limitación del número de rifles en la licencia D», y advierte: «No vamos a tolerar que se criminalice al colectivo más controlado y cumplidor de este país mediante informes de inteligencia sesgados».
La asociación anuncia una «ofensiva total» que incluirá movilización ciudadana, alegaciones técnicas y, si el texto llega al BOE, recursos ante los tribunales: «ANARMA no dará un paso atrás en la defensa de nuestra libertad y propiedad».