El Gobierno ha puesto en marcha una nueva reforma del Reglamento de Armas que está levantando preocupación en el sector cinegético. El texto, sometido a consulta pública previa, plantea entre sus cambios más destacados la unificación de las licencias D y E, lo que implicaría agrupar en un mismo permiso a quienes utilizan rifles de caza mayor y a quienes únicamente poseen escopetas.
A simple vista, la medida se presenta como una simplificación administrativa. Sin embargo, la letra pequeña podría traer consecuencias prácticas importantes para miles de cazadores que hoy solo practican la caza menor y disponen de una o varias escopetas.
La principal inquietud es que, al entrar todos bajo un mismo paraguas legal, se podría imponer a todo el colectivo la obligación de disponer de un armero homologado, algo que actualmente no se exige de manera generalizada a quienes solo poseen escopetas para la caza menor.
En otras palabras: una reforma que se vende como ‘unificación’ podría acabar traducida en una obligación que hasta ahora no existía para una parte enorme del sector.
El armero, un gasto que no todos los cazadores pueden asumir
A día de hoy, la obligación de contar con un armero de seguridad se asocia principalmente a los titulares de licencia para armas largas rayadas, es decir, rifles. Pero si la licencia resultante de la fusión engloba todo bajo un mismo criterio, la Administración podría exigir ese mismo nivel de custodia para cualquier cazador con arma de fuego, tenga o no rifle.
Esto afectaría especialmente a quienes cazan con escopeta y no han tenido nunca necesidad de instalar un armero en casa. En muchos casos hablamos de personas mayores, jubilados o aficionados que salen unas pocas veces al año, con una actividad cinegética limitada a jornadas sueltas.
El problema no es solo el concepto. Es el coste. Un armero homologado no es barato. A la compra del equipo hay que sumar en ocasiones instalación, transporte y, dependiendo del tipo de vivienda, posibles obras o anclajes específicos. Un gasto que puede convertirse en un nuevo obstáculo para la práctica de la caza menor, especialmente en zonas rurales. Y lo más delicado: se trataría de un desembolso impuesto incluso a quien no tiene ni intención de adquirir un rifle.
Una reforma que puede meter en el mismo saco a perfiles muy distintos
El sector cinegético lleva años reclamando que se legisle con conocimiento del terreno y de la realidad de los cazadores. Sin embargo, esta reforma parece avanzar justo en sentido contrario: tratar como un bloque uniforme a perfiles muy diferentes.
No es lo mismo un cazador de rececho que posee varios rifles, que un aficionado que únicamente tiene una escopeta para salir al conejo o a la perdiz. Y, sin embargo, con la unificación de licencias ambos quedarían bajo el mismo marco.
En la práctica, eso podría abrir la puerta a exigir requisitos pensados para armas de mayor riesgo o control, como el armero, a quienes nunca han estado sometidos a ese nivel de exigencia.
La sensación en el sector es que se está diseñando una norma pensando en el control, pero sin valorar el impacto económico y social sobre miles de personas que practican la caza como una tradición familiar y no como una actividad intensiva.
El temor del sector: más obligaciones y menos cazadores
La posible obligación del armero se suma a otras medidas que se barajan en el proyecto, como el establecimiento de nuevos cursos formativos previos —ya se exige aprobar un examen a los nuevos cazadores y tiradores— o incluso límites al número de armas que pueden adquirirse.
Todo ello dibuja un escenario en el que, de salir adelante la reforma, la práctica de la caza podría volverse más cara y más burocrática, especialmente para los cazadores modestos.
La preocupación no está solo en el coste inmediato, sino en el mensaje que lanza la norma: endurecer condiciones para quienes cumplen la ley, mientras se justifica el cambio por problemas asociados a delincuencia y desvíos al mercado ilícito.