En marzo de 2018 Jara y Sedal ya advertía de que Podemos había propuesto una reforma en el Congreso de los Diputados que podría suponer el fin de la caza y la pesca en España. El proceso se detuvo con la disolución de las cortes y la convocatoria electoral, pero ese viejo anhelo se ha mantenido en su agenda política. Tanto es así que fue recuperado en silencio el pasado mes de diciembre.
Decimos en silencio porque la consulta pública que inicia su tramitación se puso en marcha en plenas fiestas navideñas, y según ha declarado públicamente Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, su llegada al Consejo de Ministros es inminente. La medida se basa en una propuesta de reforma del Código Penal con la que pretende elevar las penas por cualquier tipo de maltrato animal hasta los dos años y medio de prisión y que la protección de la que gozan los animales domésticos se extienda a la fauna salvaje.
Ya en 2018 Juan López de Uralde, fundador y coordinador federal del partido Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, hablaba de que tenían como objeto atajar el «maltrato injustificado a animales que viven en estado salvaje». «Si es maltrato cuando se hace con un perro, por qué no lo va a ser si se le hace a un jabalí», añadía. Todos los expertos juristas del sector cinegético entendieron esa reforma como lo que era: una propuesta encubierta de prohibir la caza y que supondría también el fin de actividades como la pesca.
¿En qué consiste la reforma del código penal del Gobierno?
La reforma del código penal que abordará el Consejo de Ministros a finales de mes consiste en extender la protección con la que cuentan los animales domésticos a toda la fauna salvaje, tras lo cual podrá ser castigado con penal de cárcel de seis meses a dos años y medio «quien maltrate a un animal vertebrado».
Pero ¿qué es maltrato animal? El texto del artículo 337.1 de la propuesta ya planteada por Unidas Podemos pretendía establecer que será cualquier lesión física que se realice a un animal salvaje «salvo que estés amparado por la Ley». ¿Significa esto que si la caza está amparada por la ley no se considera maltrato? Bajo ningún concepto.
Veamos un ejemplo: si de manera fortuita una rehala captura una cierva en una montería en la que no se puede disparar a hembras, el rehalero podría ser acusado de cometer un delito de maltrato animal con consecuencias penales, puesto que esa captura no está amparada por la Ley. Lo mismo podría interpretarse si el halcón de un cetrero se extravía y captura una liebre en el coto vecino del que su propietario no sea socio o si el perro de un cazador coge a diente un conejo más del cupo. También lo sería cazar con la licencia de caza caducada por un descuido, por ejemplo.
Además el texto propone que a la hora de la condena actúe como agravante el uso de «armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas o dañinas para la vida del animal». Esto implicaría la prohibición de caza con cualquier tipo de arma. Pero aún hay más: de ser aprobado también podría ser utilizado para poner fin a la caza con perros o, incluso, la cetrería, al considerar también como agravante el «haber utilizado otro animal como instrumento para causar lesiones».
¿Cuándo podría entra en vigor?
Según ha advertido a este medio Jaime Valladolid, abogado especializado en derecho cinegético y colaborador de Jara y Sedal, el plazo medio de aprobación de una ley en España es de unos cinco meses a contar desde que el Consejo de Ministros lo remita al Congreso de los Diputados, por lo que la modificación del código penal podría publicarse -como pronto- en agosto de 2022.
Debido a que las elecciones generales deberían celebrarse en noviembre de 2023, habría tiempo más que suficiente para que la estrategia de Unidas Podemos se llevara a cabo incluso antes de que finalice este 2022, tal y como García Torres ha declarado.
La estrategia de Podemos: prohibir la caza poco a poco
La reforma del código penal es un avance más al cerco que el Gobierno está aplicando sobre la caza. Prueba de ello son las declaraciones del propio López de Uralde, que hace unos días ofrecía en una entrevista en el canal de Twitch de Spanish Revolution. Al ser preguntado sobre la posibilidad de prohibir la caza respondió: «Creo que, y en opinión personal, es más eficaz ir adoptando medidas que vayan acotando esta actividad hasta que finalmente el propio desinterés la haga desaparecer que plantear un enfrentamiento que creo que puede ser contraproducente». Además, el diputado de Unidas Podemos reconoció alegrarse de que hayan disminuido el número de licencias en España: «Afortunadamente, cada vez tiene menos apoyo social y menos licencia», dijo refiriéndose a los cazadores.
El sector cinegético, en contra de la reforma
Por su parte, Felipe Vegue -presidente de ARRECAL- trasladó su preocupación recientemente al ministro de Agricultura, Luis Planas, debido a su «honda preocupación por la reforma del delito de Código Penal que quiere perpetrar el Grupo de Unidas Podemos a través del Gobierno, haciendo imposible la relación hombre-animales de trabajo o de producción». Otras entidades como la Real Federación Española de Caza (RFEC) -que ha presentado alegaciones al respecto- o la Federación Andaluza de Caza (FAC) -desde la que hicieron una profunda reflexión sobre sus consecuencias– también han mostrado su profundo descontento.