La Audiencia Provincial de Sevilla estima el recurso interpuesto por el dueño de «Chapapote», el cuál pide justicia para quienes robaron a su galgo en 2008. El mundo del galgo está de enhorabuena, los robos no quedarán impunes.
4/7/2018 | Redacción JyS
El robo de galgos en España se ha convertido en una pesadilla para los aficionados a este deporte. Tanto es así que las instalaciones habilitadas para ellos constan en la mayoría de los casos de cámaras de seguridad y de búnkeres que los protegen de los temidos ladrones. Sin embargo, contra estos delitos nada es suficiente.
El «caso Chapapote» es una de las investigaciones de robo de galgos más importantes realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en nuestro país. El galgo que da nombre al caso, propiedad de Juan José Barba, fue robado en una pedanía de la localidad sevillana de Los Palacios en 2008. Tras una larga investigación fue rescatado en 2013.
Detrás de sí dejó al descubierto una red de delincuentes, todos con antecedentes policiales, que se dedicaban al robo de galgos de competición y de hembras reproductoras. Fueron detenidos ocho personas y otras 29 están imputadas por delitos de manipulación de competiciones, falsedad documental, robo y maltrato animal.
En junio de 2016, el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Carmona, Francisco José Córdoba, archivó el caso debido a que para él no existían pruebas de cargo sólidas que puedan fundamentar una imputación penal contra ninguno de los investigados. El archivo no fue firme y cabía la interposición de recursos, tarea que realizaron Diego Domínguez como acusación particular y el propietario de Chapapote.
La Federación Española de Galgos no recurrió la sentencia
La Federación Española de Galgos (FEG), con Luis Ángel Vegas como presidente, fue quien dio la voz de alarma y denunció que el galgo Chapapote había sido inscrito en el Banco de ADN que ésta tiene en la Universidad Complutense de Madrid, con un nombre diferente, Litri del Pastor. Gracias a esta institución y a su denuncia ante el SEPRONA se pudo conocer el paradero del galgo robado. Sin embargo la FEG no recurrió para que no se archivase el caso que ella misma había destapado. Tal y como declaró Juan José Barba en una entrevista, «ningún federado comprende por qué esta institución no luchó hasta el final y sí optó por dejar desamparado este caso».
Pese a ello, dos años después la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido reabrir el «caso Chapapote», una resolución firme contra la que no cabe recurso alguno. Nos encontramos ante un gran avance para el mundo del galgo puesto que este suceso puede ser el que sirva de precedente para futuros. Robar un perro, sea de la raza que sea, no puede quedar impune.