La finca del representante de la Plataforma para la Derogación de la Ley de Protección Animal de La Rioja, Iván Pérez, ha ardido dos días después de que presentara 24.000 firmas para derogar esa norma. Según denuncia él mismo a través de sus redes sociales, podría tratarse de un acto ecoterrorista.
25/2/2019 | Redacción JyS
Una finca privada propiedad del representante de la Plataforma para la Derogación de la Ley de Protección Animal de la Rioja, Iván Pérez, ha ardido dos días después de que entregase 24.000 firmas en contra de la norma. Según ha denunciado en las redes sociales el propio afectado, el animalismo podría estar detrás de todo esto.
Así lo ha querido expresar el propio Iván Pérez a través de Facebook donde analiza lo acontecido en los últimos días. El miércoles, recuerda, «como representante del movimiento ciudadano para la derogación de la Ley Animalista en La Rioja» se llevó a cabo la entrega de más de 24.000 firmas en contra de dicha ley, firmas que se entregaron en el Parlamento de la región.
«El viernes por la mañana me avisaron que fuera corriendo porque estaba ardiendo mi finca rústica», añade Pérez. «Me han quemado las mangueras de riego de la finca» por lo que aumenta el daño ya que se evita la autonomía en la extinción del incendio, explica. Pero además han quemado la leña seca acumulada de las labores de limpieza de los árboles así como un nogal de 12 años y la leña comprada para el hogar. Un combustible, explica, alejado «de la zona de barbacoa para evitar incendios por descuidos, accidentes, etc».
Pese a todo, prosigue, «ha habido suerte porque el viento soplaba en sentido contrario al chalé y el daño económico podía haber sido mayor si hubiera alcanzado la vivienda o el almacén de maquinaria agrícola». Pérez asegura haber buscado información de hechos similares y haber encontrado «que en la zona de Andosilla ha ocurrido algo parecido».
Por todo ello, Pérez se pregunta si los hechos están relacionados con el animalismo y lanza una aviso, «si alguien piensa que me van amedrentar, coaccionar o callar la voz de lo que pensamos la inmensa mayoría de los riojanos respecto a la ley animalista aprobada en la Rioja y en vigor desde el 1 de diciembre de 2018, están muy equivocados».
El sabotaje a la finca de Pérez podría haberse ocasionado desde el animalismo
La popular página de Facebook de El Guarda Smith, va más allá y tilda los hechos de «violencia animalista». Este ‘Diario de un Guarda de Caza’ cuenta que Iván Pérez es expositor, criador y miembro del Club Cegas y otros Lebreles extranjeros y que como él mismo ha comentado fue el representante de la Plataforma para la Derogación de la Ley de Protección Animal de La Rioja, encargado de entregar miles de firmas recogidas en el Parlamento Riojano.
Para esta página los hechos no son fruto de la casualidad. «No seamos inocentes, el movimiento animalista es violento desde sus bases hasta su cúpula, como en más de una vez se ha demostrado. Sueltas indiscriminadas de animales de granjas peleteras, pintadas en sedes de las Federaciones de Caza, paralizaciones de batidas de caza mayor, pintadas y acoso contra personas que no son de sus ideas, destrucción de puestos palomeros, impedir el desarrollo de los campeonatos de caza…..». Y concluyen, «el animalismo es un movimiento violento contra las personas y su bienes».
La oposición a la LPA por parte de la ONC, RFEC y el resto de federaciones autonómicas
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación Riojana de Caza presentaron el 10 de diciembre un recurso de inconstitucionalidad a esta Ley de Protección Animal (LPA), que obliga a esterilizar a todas las mascotas, entre otras medidas.
Tanto la RFEC como el resto de federaciones autonómicas de caza se posicionaron en contra de cualquier tipo de maltrato a perros y hurones, pero nunca a favor de la imposición de normas de dudosa constitucionalidad, como son dar potestad a los inspectores para entrar en cualquier lugar para verificar el cumplimiento de esa ley sin una orden judicial previa; o la regulación sobre la venta, donación y cesión de mascotas, que incluye la esterilización obligatoria de las mismas, que podría contravenir competencias normativas estatales; o la posible vulneración de la ley de contratos de libre concurrencia al obligar a los municipios a tener un centro de acogida; o la esterilización obligatoria de los perros en cualquier, que afecta muy negativamente a la cría, conservación y selección de las líneas de perros de caza.