Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, presentaba este jueves su proyecto de Ley de Bienestar Animal, en un acto al que solo fueron invitados militantes de protectoras animales. La nueva normativa, que representa un gravísimo ataque contra la caza si se desarrolla en los términos anunciados, pretende que «todos los perros o gatos que tengan acceso al exterior sean castrados, ya sea un perro utilizado para la actividad cinegética o para que esté tumbado en tu sofá», dijo García Torres durante el acto.
Con este aspecto se pretende acabar con el derecho de los dueños de los perros de caza a tener sus propias líneas y a realizar los cruces habituales en la actividad cinegética. Un texto que también pretende prohibir o limitar aspectos como la presencia de animales en medios audiovisuales o en eventos públicos, como cabalgatas, romerías, etc.
Pero, ¿puede obligarte el Gobierno a castrar a tu perro? Jara y Sedal ha contactado con diversos abogados y esto es lo que nos han contado.
Jaime Valladolid: «A priori podría interpretarse como una flagrante vulneración de derechos fundamentales»
En relación a la esterilización forzosa de ciertos animales de compañía anunciada por el Gobierno de España, Jaime Valladolid -abogado experto en caza y medio ambiente y habitual colaborador de Jara y Sedal-, advierte que «a priori podría interpretarse como una flagrante vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, reconocido en el art. 33 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en su reciente Sentencia 81/2020, de 15 de julio (Ponente: Juan José González Rivas), que resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales de la comunidad autónoma de La Rioja».
En concreto, Valladolid cita que, a juicio del Pleno del Tribunal Constitucional, «la obligación de esterilizar, bajo estricto control veterinario y limitada a determinados animales de compañía (perros, gatos y hurones), responde al propósito (…) de evitar la superpoblación y en última instancia el abandono de animales. Este propósito, que cabe considerar como constitucionalmente legítimo, se halla, por otra parte, en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por España, debiendo indicarse al efecto que el citado Convenio europeo sobre protección de animales de compañía de 1987 permite expresamente las intervenciones quirúrgicas sobre animales de compañía «para impedir la reproducción» (art. 10.2 b)) y determina, con el fin de evitar el abandono de estos animales, que las partes firmantes se comprometen a tratar de estos animales, que las partes firmantes se comprometen a tratar de «reducir la reproducción no planificada de perros y gatos, estimulando su esterilización» (art. 12 b) ii))».
En definitiva, Valladolid resume que el Tribunal Constitucional, «en una interpretación un tanto maquiavélica», considera que «el fin perseguido justificaría los medios empleados y que tal medida, adoptada bajo el propósito de reducir la reproducción de animales de compañía, sería constitucionalmente legítima».
Santiago Ballesteros: «Quieren borrar a los cazadores del mapa con leyes que los convierten en potenciales delincuentes»
Santiago Ballesteros Rodríguez, abogado y asesor jurídico de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y de ARRECAL, además de autor del libro Delitos de maltrato animal en España (2018) recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la cuestión de la esterilización obligatoria «cuando derogó parcialmente la infumable Ley de Protección Animal de La Rioja». La esterilización, fue avalada entonces por el Constitucional como algo «legítimo» para evitar su proliferación y abandono.
«Los veterinarios están divididos. Parte está a favor de la esterilización e incluso ven un nuevo nicho de negocio en los millones de mascotas que hay en España. Muchos otros veterinarios están en contra y consideran la esterilización un riesgo para la salud y una medida muy invasiva», señala Ballesteros.
A él le parece una «intromisión en los derechos y libertades individuales». «Otra más, dentro de la hoja de ruta que tiene el director general de los Derechos de los Animales, Sergio García Torres y sus cuates para borrar a los cazadores del mapa a base de limitaciones y de leyes que convierten en potenciales delincuentes a quienes se relacionan con perros en ambientes de trabajo», indica el abogado.
Cuando en 2018 publicó su libro Delitos de maltrato animal en España, «ya advertía que la intención del Gobierno de la mano de Podemos era extender el delito de maltrato animal hasta el infinito, vaciar de contenido el derecho administrativo sancionador y convertirlo todo en delito. Y de esta forma, tenernos a todos sometidos y amenazados con el Código Penal».
Y, según Ballesteros, esa es la intención que llevan, «elevar las penas de prisión a tres años, las inhabilitaciones para tener animales hacerlas perpetuas y por supuesto incluir en el delito a cualquier animal vertebrado (por ejemplo, una rata). Si esto se aprobara, la actividad cinegética quedaría muy maltrecha, pues los animales salvajes también serían objeto de protección (hoy están fuera)», indica el abogado.
Los animales salvajes ya son objeto de protección en sus propias leyes (de conservación, de caza, medioambientales). Hay sanciones de orden penal y de orden administrativo muy altas. «Es igualmente falso que carezcan de protección como predica todo este personal. La tienen y muy alta», defiende Ballesteros.
En España ya existe una protección «muy alta» en materia de bienestar animal. «Hemos pasado de cero a cien en apenas diez años», expresa. «En 2015 ya se aprobó una reforma del Código Penal muy ambiciosa que ha llevado a numerosos procesamientos y condenas. Decir que no hay existe impunidad o que no hay herramientas legales es simplemente una golfería. Una perversión más de quienes pretende criminalizar a todos aquellos que consideran a los animales auxiliares de actividad como la caza o a la ganadería. El Código Penal establece penas de prisión de hasta 18 meses y en el ámbito administrativo las sanciones son muy altas. Es simplemente falso decir, que el sistema no tiene “mecanismos legales”», argumenta el abogado.
Tanto la Federación de Caza de Castilla-La Mancha como ARRECAL han desplegado una línea de trabajo pionera y muy activa para frenar los excesos animalistas en las Leyes de Bienestar Animal que proliferan como setas en las diecisiete taifas autonómicas. «Si éramos pocos, llegó el Gandhi de los perros y los gatos, el Diane Fossy de una Dirección General vacía de contenido y que Sergio Torres, se ve obligado a rellenar con chorradas como esta que desde luego no hay que perder de vista», concluye Ballesteros.
Jorge Bernad: «No te pueden obligar a esterilizar a tus perros»
Jorge Bernad, abogado especialista en derecho de caza y medio ambiente, ha señalado a Jara y Sedal: «En cuanto a las esterilizaciones, en mi opinión no te pueden obligar a ello al menos con los perros que tengas ahora. Los que puedas adquirir cuando esté en vigor la ley (si es que entra en vigor alguna vez que lo dudo) podría ser, aunque desde luego en mi opinión la decisión debería responder a algún motivo y no imponerse sin más», afirma.