Editorial
Durante los últimos años la caza y los cazadores han vivido un asedio constante por parte del Gobierno. A la prohibición del silvestrismo, de la caza en Parques Nacionales, de la caza de la tórtola y del lobo, pretende sumar ahora un nuevo recorte de libertades que supondrán un golpe mortal para la caza. Una batería de medidas fraguadas en las entrañas del populismo y el discurso de odio animalista y que su Dirección General de Derechos de los Animales ha anunciado que se cristalizará en la próxima Ley de Bienestar Animal.
De la mano de Sergio García Torres, un director general puesto a dedo y sin ningún tipo de formación superior ni especializada, pero con un intenso pasado como community manager en redes sociales animalistas, ayer fue anunciado un anteproyecto de ley que, entre otras cosas, pretende obligar a todos los ciudadanos a esterilizar a sus mascotas. Pero esa es solo una de sus muchas y polémicas medidas. Según adelantó Torres hay toda una batería de propuestas cuyo único objetivo es imponer condiciones inasumibles para los cazadores que buscan, por ejemplo, acabar con las rehalas o con la cría de cualquier tipo de mascota particulares, lo que puede suponer el fin de modalidades como la caza con reclamo, con galgos, con cimbel… Los condicionantes anunciados por García Torres son, realmente, una prohibición encubierta que quiere hacer realidad el 1 de enero de 2023.
El hecho de que a la presentación solo fuesen invitadas protectoras de animales, sin periodistas, da una idea de el carácter impositivo y netamente ideológico de la norma en la que los cazadores no han podido participar a pesar de ser uno de los sectores más afectados y que genera 6.475 millones de euros en España y emplea a 187.000 personas. No hay que olvidar que su impulsor, Sergio García Torres, está citado a declarar el próximo mes de octubre en un juzgado de Madrid por atentar contra el honor de millones de cazadores españoles.
Pero esta suerte de ‘solución final’ animalista no solo pretende imponer sus postulados ideológicos a los cazadores. Las medidas anunciadas quieren imponer el ‘sacrificio cero’ y obligar a los Ayuntamientos a hacerse cargo de, por ejemplo, las colonias felinas con cargo al dinero de todos los españoles. Además, pretende otorgar funciones públicas a entidades animalistas privadas y anuncia subvenciones millonarias para ellas, lo que supone aumentar aún más el gasto público en cuestiones absolutamente innecesarias para la sociedad.
La intervención de García Torres durante la presentación deja en evidencia el grave deterioro al que se enfrenan nuestros derechos y libertades como ciudadanos, pretendiendo convertir en ley el ideario radical de una minoría que ha llegado al Gobierno gracias al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. No hay que olvidar que en base a ese acuerdo este último grupo político, que solo obtuvo el 13% de los votos en las últimas elecciones generales, creó la Dirección General de Derechos de los Animales. El carácter dictatorial del animalismo más recalcitrante se ha institucionalizado, y es ahora el Gobierno el que pretende tratar a los animales como si fuesen ciudadanos y a los ciudadanos como si fueran animales. Recortar derechos a las personas en nombre de los de los animales es una irresponsable y populista estratagema impropia de un estado democrático. Gobernar a millones de españoles con postulados de Disney muestra una inmadurez e incapacidad alarmante, y crea el sentimiento generalizado de viajar en una nave dirigida por el odio.
Es hora de hacer imperar el sentido común de la mayoría ciudadana de este país. Es hora de salir a la calles y decir basta. Es hora de defender nuestro derecho y nuestra libertad, ya no como cazadores, sino como ciudadanos demócratas.
