Lo que durante años los cazadores llevan denunciando vuelve a estar de actualidad: la Guardia Civil investiga una presunta trama en torno a una protectora de animales ubicada en Jaén, que habría enviado a Francia más de 750 perros, muchos de ellos denunciados como robados por sus legítimos propietarios y, en varios casos, perros de caza.
Según ha informado el Instituto Armado, en el marco de la operación Discrepancias, se ha procedido a la investigación de tres personas: la responsable de la protectora y dos veterinarios colegiados, como presuntos autores de delitos de falsedad documental, apropiación indebida, maltrato animal, coacciones y amenazas.
Denuncias, irregularidades sanitarias y documentación alterada
La investigación se inició tras múltiples denuncias de propietarios que acusaban a la protectora de apropiarse indebidamente de sus animales mediante engaños, presiones y amenazas. Los agentes del Seprona constataron que el centro carecía de licencia de actividad y no estaba inscrito como núcleo zoológico, incumpliendo la normativa en materia de protección y sanidad animal.
Durante la inspección se hallaron 51 perros, de los cuales 35 no estaban identificados con microchip. Además, se detectaron graves incongruencias en los documentos veterinarios: vacunas caducadas, tratamientos registrados antes de la identificación oficial, y pasaportes que no coincidían con los datos del RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) ni con la base europea EUROPETNET.
Algunos animales figuraban aún en bases de datos españolas pese a haber sido trasladados a Francia, y en otros casos se habían dado de baja en RAIA sin constar su reubicación en ninguna base europea, lo que contradice el protocolo legal de exportación animal.
Adopciones presuntamente fraudulentas y beneficios económicos
Gracias a la colaboración con las autoridades francesas, la Guardia Civil ha confirmado que esta protectora habría realizado 95 envíos de perros a Francia, usando el sistema TRACES (registro oficial de movimientos intracomunitarios), bajo el formato de supuestas adopciones legales.
En total se habrían exportado 762 perros, por los que se cobraban entre 350 y 400 euros por animal en concepto de tasas de adopción, además de un depósito de 500 euros en caso de no estar esterilizados. Varios de esos animales constaban como desaparecidos o reclamados por sus dueños en España.
Los pasaportes sanitarios estaban firmados por los dos veterinarios investigados, quienes presuntamente habrían manipulado datos relativos a microchips, vacunas y desparasitaciones. También se habría tramitado de forma irregular la documentación TRACES.
Una práctica que los cazadores llevan años denunciando
Este caso respalda una denuncia histórica del colectivo cinegético: el uso de determinadas protectoras como tapadera para apropiarse de perros de caza, especialmente podencos y rehaleros, y lucrarse con su envío al extranjero. A menudo, estos hechos se amparan bajo el paraguas de la “protección animal”, pero ocultan negocios millonarios y presuntas irregularidades administrativas y sanitarias.
Las muestras de sangre extraídas a varios animales por orden judicial confirmaron que algunos no estaban correctamente vacunados contra la rabia, pese a lo que indicaban sus cartillas, lo que supone un riesgo sanitario grave tanto para la población como para otros animales.
Las diligencias ya están en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Úbeda (Jaén). Mientras tanto, los perros han quedado inmovilizados cautelarmente en las instalaciones de la asociación, a disposición de la autoridad judicial competente.