Por Fundación Artemisan
La prohibición de cazar y pescar en los Parques Nacionales, recogida en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales, que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre al finalizar la moratoria establecida, podría costar en torno a 320 millones de euros en indemnizaciones a todos los españoles.
La ley establece que la privación de los derechos de caza pasa necesaria y previamente por el intento de celebración de acuerdos voluntarios con los afectados (previa aprobación de los correspondientes criterios técnicos) o, en su defecto, mediante los correspondientes procedimientos de expropiación forzosa. Para ello, la ley establece un plazo de 6 años, plazo que concluirá el próximo 5 de diciembre.
La Administración tendrá que indemnizar a los propietarios
Hasta la fecha no consta que se haya llevado a cabo ninguna actuación en este sentido y, como consecuencia, las administraciones competentes tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso. Diferentes fuentes cifran en unos 320 millones de euros el valor de estas indemnizaciones, cantidad a la que se sumaría el coste del necesario control de poblaciones.
Y es que las administraciones competentes tendrán que hacer frente a los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones.
Los cazadores, quienes invierten dinero y controlan las especies cinegéticas
Hasta ahora, estos controles se realizan por cazadores, sin que la administración tenga que invertir en ello. Todo lo contrario, a día de hoy son los cazadores los que realizan importantes inversiones económicas para el control de especies, generando ingresos para la administración a través de licencias y otros trámites, así como riqueza económica para las poblaciones del entorno. Con la entrada en vigor de la prohibición, la administración tendrá, previo pago, que contratar cuadrillas de controladores de poblaciones.
Para la Fundación Artemisan es un sinsentido que el país tenga que afrontar este importante coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis debido al Coronavirus que atravesamos y, por ello, ha iniciado una ronda de reuniones con diferentes representantes políticos y de las administraciones.
Con estos encuentros, la Fundación pretende hacer visible la complicada situación que se va a generar el próximo día 5 de diciembre, al tiempo que propone diferentes soluciones para evitarla, como una modificación de la LPN que autorice una nueva moratoria de caza y pesca, o una modificación que permita la caza y la pesca en aquellos Parques Nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y no sea incompatible con la propia figura del Parque.