El Proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha reabierto una polémica que parecía latente pero no resuelta. El texto, actualmente en tramitación interna tras su exposición a consulta pública el pasado verano, fija límites aún más estrictos para intervenir sobre los gatos asilvestrados, incluso cuando su presencia está documentada en espacios naturales de alto valor ecológico.
La redacción del borrador es clara y no deja margen a interpretaciones amplias. En él se establece literalmente: «A efectos de la valoración del sacrificio de los gatos comunitarios que se permite en el artículo 42 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, no se podrá considerar como un motivo para realizarla la falta de socialización de los mismos, ni su presencia en espacios naturales».
Con esa frase, el reglamento cierra la puerta a actuaciones que hasta ahora algunos gestores del medio natural consideraban imprescindibles en determinadas circunstancias. Y lo hace en un contexto en el que se han documentado daños a aves esteparias, al urogallo cantábrico o a otras especies cuya conservación moviliza importantes recursos públicos.
En el ámbito rural, la contradicción no ha pasado desapercibida. Mientras recoger piñas o setas sin autorización puede acarrear sanciones administrativas, intervenir sobre felinos que depredan fauna autóctona quedaría prácticamente vetado.
El impacto documentado en espacios protegidos
La preocupación no surge de la nada. Diversos estudios científicos han puesto cifras y datos a la expansión de gatos domésticos y asilvestrados en entornos sensibles. Entre los trabajos más recientes figura el publicado en la revista Applied Animal Behaviour Science, elaborado por la Fundación Artemisan con apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha.
La investigación detectó la presencia de estos animales en todos los puntos analizados, incluidos espacios integrados en la Red Natura 2000. Durante el seguimiento se registraron interacciones con fauna silvestre en áreas donde también habitan el lince ibérico o el gato montés, con el consiguiente riesgo de transmisión de enfermedades.
En la fase de campo se capturaron quince individuos para su análisis sanitario y seguimiento. Algunos presentaban patologías infecciosas y uno de ellos llegó a recorrer más de 150 hectáreas, lo que evidencia su capacidad de expansión en el territorio.
El investigador Carlos Lázaro fue contundente al valorar los resultados: «Los resultados son muy alarmantes porque en todos los casos se detectaron gatos dentro de las zonas protegidas». Y añadía: «Es muy grave que se estén haciendo grandes esfuerzos económicos y humanos para la conservación de especies como la cerceta pardilla, el lince ibérico y las aves esteparias, pero al mismo tiempo no se ponga solución a un problema que afecta directamente a estos proyectos».
Un reglamento que aviva el debate
Para técnicos y gestores, el desarrollo reglamentario no corrige las limitaciones ya presentes en la ley original, sino que las refuerza. El artículo 42 establecía de por sí condiciones muy concretas para intervenir sobre gatos comunitarios. El borrador va un paso más allá al impedir que su mera presencia en espacios naturales pueda justificar medidas de control.
En territorios donde cada ejemplar de urogallo cuenta y donde la supervivencia de determinadas aves esteparias pende de un hilo, cualquier presión añadida por depredación puede resultar determinante. Por eso, varios expertos reclaman que el texto se alinee con los planes de conservación vigentes y no los contradiga.
Lázaro lo resume así: «Las Administraciones competentes deben entender que los gatos domésticos son una amenaza para la biodiversidad y no pueden ser considerados como especies protegidas».
Puedes consultar el artículo científico a continuación:
Lázaro, C., Castillo-Contreras, R., & Sánchez-García, C. (2023). Free-roaming domestic cats in Natura 2000 sites of central Spain: home range, distance travelled and management implications. Applied Animal Behaviour Science, 106136.