El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para prorrogar tres años la moratoria recogida en la Ley de Parques Nacionales, que vence el 5 de diciembre de este año, y que permitía practicar la caza y la pesca deportiva y recreativa en estos espacios naturales.
Según denuncia el GPP en su iniciativa -firmada por su portavoz, Cuca Gamarra, e impulsada por el vicesecretario del PP, Antonio González Terol, y los diputados Carmen Navarro y César Sánchez-, el Gobierno de Sánchez no ha cumplido con esta Ley porque, hasta la fecha, la Administración no ha alcanzado acuerdo alguno con los propietarios de las tierras afectadas por esta prohibición.
Para el Grupo Popular, la red de Parques Nacionales es la máxima expresión del extraordinario patrimonio natural de España y de su biodiversidad, que es patrimonio del conjunto de la sociedad española. Muchos de ellos se sitúan, además, en entornos despoblados, que han ido perdiendo población a lo largo de los últimos años, y cuyas posibilidades de desarrollo económico y social están directamente relacionados con las actividades que se desarrollan en los terrenos de propiedad privada que forman parte de los Parques.
En este sentido, en la exposición de motivos de la iniciativa del GPP se destaca que la caza y la pesca son actividades que permiten fijar población sobre el territorio, dan empleo a muchos cientos de familias y de las que depende la supervivencia del mundo rural.
Vox ya propuso en septiembre en el Congreso que no se prohíba la caza y la pesca en Parques Nacionales
El Grupo Parlamentario VOX presentaba el pasado 16 de septiembre una Proposición No de Ley sobre el fin de la moratoria y reforma de la prohibición de cazar y pescar en los Parques Nacionales.
Ante la finalización el próximo 5 de diciembre de la moratoria contenida en la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, VOX defendió que a pesar de que dicha Ley dispone que «en los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros, las administraciones públicas promoverán las celebración de acuerdos voluntarios o, en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos», en aquella fecha no se había producido ni lo uno ni lo otro, a pesar de haber transcurrido más de 6 años desde que la vigente Ley de Parques Nacionales impusiese esta obligación.
Por ello consideraron desde la formación política que lidera Santiago Abascal, buscar una solución urgente, ya que «la alternativa de dejar de cazar no es viable desde el punto de vista económico, ni medioambiental ni social, por los perjuicios que trae aparejado».