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¿Por qué el Gobierno andaluz propone una ley animalista que ataca a la caza?

Juanma Moreno junto a Esperanza Oña, en una imagen de archivo.

Las últimas elecciones en Andalucía supusieron un verdadero terremoto político. La salida del PSOE andaluz del Gobierno después de 36 años supuso un cambio histórico que permitió al PP de Juanma Moreno acceder a la presidencia de la comunidad tras una campaña electoral histórica en la que, por primera vez, se habló de caza gracias a la campaña #LaCazaTambienVota impulsada la Federación Andaluza de Caza.

Tanto PSOE, como PP, Ciudadanos y VOX escenificaron su apoyo públicamente a la caza asumiendo el compromiso de llevar a cabo la hoja de ruta elaborada por la Federación Andaluza de Caza (FAC) si llegaban al gobierno. Por el contrario, Adelante Andalucía, la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida en esta comunidad, no sólo no se adhirió a este compromiso, si no que publicó un programa electoral en el que prácticamente proponía acabar con la caza en la comunidad. El resultado fue un descalabro para los partidos anticaza: Izquierda Unida y Podemos, que en los comicios de 2015 sumaban por separado 20 escaños, se quedaron sólo en 17 escaños tras presentarse juntos. Por su parte Equo y PACMA no obtuvieron ningún representante.

Compromiso de apoyar la caza en el acuerdo de Gobierno

Pero la victoria de Juanma Moreno tampoco le garantizaba el Gobierno. Para alcanzarlo tuvo que firmar un acuerdo con Ciudadanos y otro con VOX. Este último exigió el blindaje de la actividad cinegética para llegar a un acuerdo, algo que se mantuvo hasta el último momento. A la hora de la rúbrica, ese compromiso quedó en el aire y no se llegó a establecer: VOX aseguró que el PP se negó a suscribirlo y este respondió que se trataba de un «acuerdo de mínimos», por lo que no procedía incluir medidas tan concretas.

La legislatura ha transcurrido con tranquilidad desde entonces –en lo que al ámbito cinegético se refiere–, hasta que el pasado martes la Federación Andaluza de Caza hacía pública una nota de prensa en la que alertaba que el Gobierno de Juanma Moreno estaba preparando una Ley de Bienestar Animal que suponía una gravísima amenaza para actividad cinegética en Andalucía y para los más de 100.000 cazadores federados a los que representa.

«La Federación Andaluza de Caza tiene argumentos jurídicos y técnicos suficientes para afirmar que la futura Ley de Bienestar Animal afectará gravemente a la caza, pudiendo incluso acabar con ella. Ante esta situación, y como representantes de la caza social andaluza, estamos en la obligación de no descartar ninguna vía posible para que se tenga en cuenta la sensibilidad de los cazadores y su compromiso con el bienestar de los perros de caza y animales auxiliares atendiendo a su naturaleza, cualidades innatas y particularidades», aclaró en nota de prensa la FAC. El organismo que preside José Mª Mancheño además publicó una tabla en la que explicaba las principales amenazas de la ley, entre las que se encuentra la desaparición de algunas modalidades de caza tradicionales como la cetrería, la caza de la perdiz con reclamo o la extinción de algunas razas de perros de caza.

VOX critica la ley de bienestar animal y anuncia batalla

El hecho de que haya sido el Partido Popular quien haya planteado una ley que amenaza gravemente la caza en Andalucía ha sorprendido a propios y extraños. Este tipo de iniciativas tradicionalmente han sido promovidas desde los partidos de izquierda, más ligados a los entornos urbanos y a las corrientes animalistas. El portavoz de VOX en el parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ya ha adelantado hoy que «no apoyaremos la Ley de Bienestar Animal que prepara el Gobierno de Juan Manuel Moreno por atacar la caza». Se une así a las críticas de Iván Espinosa de los Monteros, que también se hizo eco de la polémica a través de su cuenta de Twitter.

¿Quién está detrás de la ley animalista que ataca a los cazadores en Andalucía?

Según ha podido saber Jara y Sedal, los precursores de esta iniciativa han sido Esperanza Oña, vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía, donde es diputada del PP desde 2008 y Javier de Pareja, diputado andaluz por Ciudadanos. Ambos son malagueños. Oña es una conocida animalista que ya fue noticia en 2018 tras publicar un polémito tuit en el que acusaba a los cazadores de ahorcar galgos al tiempo que difundía datos falsos. Concretamente afirmó: «En 2018 serán maltratados 17.000 perros y 120.000 se abandonarán. Además, miles de galgos serán ahorcados cuando no sean útiles a los cazadores. Estas cifras demuestran tal crueldad, que no debemos ser indiferentes». En el tuit también se citaba al actual presidente del PP andaluz. Su cuenta te Twitter cuenta con numerosos mensajes de apoyo a organizaciones animalistas y ecologistas y ataques a importantes sectores, como el porcino.

No es el único guiño del PP andaluz al animalismo. El pasado 19 de febrero el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, visitó la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, la cual está presidida por Carmen Manzano, una de las animalistas más radicales que existen contra la caza. Durante el evento, en el que estuvo acompañada por Esperanza Oña y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, Bendodo reconoció que la redacción del anteproyecto de la Ley se nutre de aportaciones de la Federación Andaluza de Defensa Animal (Fadea), de la Asociación Bienestar Felino (FdCats) y de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Málaga, confirmando lo que ya denunciaba ayer la Federación Andaluza de Caza: los cazadores andaluces y sus familias –que evidenemente conviven con sus perros y otros animales auxiliares– se quedaban fuera.

       
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