La Guardia Civil ha levantado acta denuncia tras verificar varias infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León por omitir el obligado precintado de cinco ejemplares macho de corzo (Capreolus capreolus) y por la tenencia de dos dispositivos de visión térmica prohibidos en esta región.
Los hechos ocurrieron a mediodía del pasado martes 30 de mayo, en un municipio de la comarca del Arlanza (Burgos), cuando una patrulla receló de la maniobra realizada por un turismo, aparentemente esquiva, para intentar abandonar el lugar en el que se encontraban, cuando sus ocupantes se percataron de la presencia del vehículo oficial.
Los agentes interceptaron el vehículo e identificaron a tres personas que se hallaban en actitud claramente nerviosa, por lo que decidieron practicar un registro al interior del vehículo y a su maletero. En el habitáculo localizaron entre los pies del copiloto y de uno de los ocupantes de los asientos posteriores, cinco bolsas de plástico, que al abrirlas mostraron las cabezas de cinco corzos macho con evidencias de haber sido recientemente abatidos.
Los ‘trofeos’ carecían de los respectivos y obligados precintos que deben colocarse en su cuerna una vez abatidos y que garantizan su lícito traslado y transporte. Además, en el respaldo de uno de los asientos se halló un dispositivo de visión térmica de uso prohibido en Castilla y León así como uno más en el maletero.
Las pesquisas practicadas han permitido descubrir al principal responsable, al que se le ha levantado acta denuncia por diversas infracciones a la Ley de Caza de Castilla y León; se ha intervenido un rifle con visor y numerosa munición del calibre 6’5 Creedmoor, prismáticos, monoculares térmicos, navajas, linternas y otros objetos varios.
La Comandancia de Burgos ha informado a Jara y Sedal que continuará con estas acciones preventivas y de seguimiento para erradicar el furtivismo en la provincia, detectar prácticas de caza irregulares y perseguir determinadas actividades ilegales que causan un grave perjuicio económico al medio rural, a los ayuntamientos, juntas vecinales, a los propietarios de los cotos de caza y a los propios cazadores.