La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigados a cuatro vecinos de los municipios pacenses de Mérida, Medellín, Cabeza del Buey y de la localidad toledana de Talavera la Reina, por su implicación en un delito de furtivismo con galgos utilizando medios prohibidos. Se trata del caso denunciado por Jara y Sedal el pasado mes de noviembre en esta misma web en la que compartimos el vídeo de los hechos que fue enviado a esta redacción por varios de nuestros seguidores.
Dentro de los dispositivos de servicios e investigaciones que la Guardia Civil desarrolla para prevenir los delitos contra la flora y la fauna, concretamente el ejercicio de la caza furtiva en la comarca de la Serena, agentes del SEPRONA de Don Benito y de Badajoz tuvieron conocimiento de las imágenes de vídeo que se estaban difundiendo a través de las redes sociales, donde se podía observar cómo varias personas utilizaban visores térmicos para advertir la presencia de piezas de caza que se encontraban ocultas, para posteriormente darles captura mediante la suelta de los galgos que transportaban en sus vehículos.
Con el análisis de estas imágenes, pudieron averiguar la ubicación de los terrenos donde se estarían perpetrando estas acciones delictivas, tratándose de cotos de caza pertenecientes al término municipal de Don Benito. Establecidos los servicios en torno a la zona, los agentes sorprendieron a los supuestos furtivos, quienes, tras bajar de un vehículo, soltaban dos galgos con los que intentaban capturar una liebre.
Tras la identificación de los mismos, cuatro vecinos de Mérida, Medellín, Cabeza del Buey y de la localidad toledana de Talavera la Reina, quienes carecían de autorización del titular del coto, se llevó a cabo la inspección del vehículo donde se intervinieron dos visores térmicos que supuestamente habrían utilizado previamente para detectar la pieza de caza que se estaría ocultando en la maleza.
Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias, se les instruyó diligencias por un delito contra la flora y la fauna al furtivear en un coto y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito. Los ahora investigados se enfrentan a penas de multa de hasta ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza por tiempo de hasta tres años.
