La Guardia Civil de Palencia ha denunciado a dos individuos tras sorprenderlos transportando en su vehículo un total de 28 cráneos de animales, la mayoría de corzos, sin ningún tipo de documentación que justificase su origen o tenencia. El hallazgo se produjo durante un control rutinario en las inmediaciones de la localidad de Frómista, dentro de un dispositivo operativo desplegado por los agentes.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes dieron el alto a un turismo en el que viajaban dos personas. Ante ciertas sospechas, decidieron inspeccionar el vehículo, lo que terminó destapando una situación irregular que ahora podría acarrear importantes consecuencias administrativas para los implicados.
Al abrir el maletero, los guardias civiles encontraron 27 cráneos de corzo macho y uno de cabra montés hembra, todos ellos sin documentación que pudiera demostrar el origen lícito de las piezas.
Sin precintado ni documentación que amparase su procedencia
La legislación de Castilla y León obliga a que cualquier pieza procedente de actividad cinegética esté correctamente identificada y acompañada de los permisos correspondientes, tanto para su transporte como para su posesión.
En este caso, los ocupantes del vehículo no pudieron acreditar el origen legal de los trofeos, lo que motivó la intervención de la Guardia Civil y la correspondiente propuesta de sanción. Las piezas, según han informado fuentes oficiales, quedaron en poder de los investigados, pero a disposición del instructor del procedimiento administrativo.
Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro de los controles habituales que realizan los agentes para prevenir actividades ilegales relacionadas con la fauna silvestre, especialmente en zonas con tradición cinegética como la provincia palentina.
Multas elevadas y posible indemnización por furtivismo
Aunque la sanción administrativa dependerá de la calificación final de los hechos, la Ley de Caza de Castilla y León establece en su Anexo IV.2 el valor económico de las piezas de caza a efectos de indemnización. Este punto resulta clave en casos como el de Palencia, ya que no solo se contemplan multas, sino también compensaciones económicas si se demuestra un origen ilegal de los animales.
En concreto, el texto legal fija para el corzo macho un valor de 5.000 euros, mientras que en el caso de la cabra montés hembra la cuantía ronda los 4.000 euros. Esto significa que, en el supuesto de que se acreditase que los animales hubieran sido abatidos en cotos sin autorización —es decir, en un contexto de furtivismo—, la indemnización podría alcanzar cifras muy elevadas.
Aplicando estos valores al caso investigado, la cantidad ascendería a 135.000 euros por los 27 corzos, a los que habría que sumar unos 4.000 euros por la cabra montés, lo que elevaría el total a más de 139.000 euros. Una cifra que da idea de la gravedad que pueden adquirir este tipo de infracciones cuando se confirma la procedencia ilícita de las piezas.
En cualquier caso, será la investigación la que determine si existe o no delito o infracción grave, ya que para aplicar estas indemnizaciones es imprescindible demostrar que los animales fueron abatidos de forma ilegal y no proceden de capturas autorizadas debidamente documentadas.
¿Cuánto tiempo hay que guardar los precintos de caza mayor?
Este caso recuerda inevitablemente a lo explicado por el experto Jaime Valladolid en un artículo publicado en Jara y Sedal, donde abordaba una situación muy similar: denuncias por transportar trofeos sin poder acreditar su procedencia. Como señalaba, la normativa no siempre es clara y genera dudas, especialmente cuando se trata de cráneos o cuernas que podrían tener años de antigüedad. De hecho, solo en comunidades como Castilla y León se establece la obligación de conservar los precintos durante un mínimo de dos años, lo que abre un vacío legal en muchos otros supuestos.
Sin embargo, el propio análisis jurídico apunta a una cuestión clave: cuando los trofeos no están naturalizados o taxidermizados, la exigencia de documentación durante el transporte cobra especial relevancia. Es decir, si se trata de piezas recientes o sin tratar, la obligación de justificar su origen es mucho más estricta. En este sentido, Valladolid ya advertía de la inseguridad jurídica que provoca esta falta de concreción normativa, que puede derivar incluso en denuncias discutibles si no hay indicios claros de irregularidad.
Por eso, en un caso como el de Palencia, todo apunta a que los agentes debieron detectar algún elemento que hiciera sospechar que los animales habían sido abatidos recientemente. De lo contrario, no se entendería la actuación, ya que podrían tratarse perfectamente de trofeos antiguos cuya trazabilidad es más difícil de demostrar con el paso del tiempo. Esa diferencia entre lo reciente y lo antiguo es, precisamente, la línea que marca la interpretación de la ley en este tipo de situaciones.