Una perra quedó atrapada en un lazo el pasado 28 de septiembre en un sendero cercano al punto limpio municipal de Sant Feliu de Guíxols, en Girona. Su dueña dio aviso a los Agents Rurals, que acudieron a inspeccionar el paraje. Allí encontraron más trampas y abrieron una investigación que acabaría con la retirada de 24 lazos ilegales en Santa Cristina d’Aro, en la comarca del Baix Empordà.
En aquella primera inspección, los agentes localizaron varios lazos de alambre y plástico sin tope repartidos por la zona. También observaron abundantes excrementos de conejo, un indicio que les llevó a sospechar que las trampas se habían instalado para capturar conejos y otros pequeños mamíferos.
Los lazos reaparecían después de que los agentes los retiraran
Los Agents Rurals comprobaron durante la investigación que en el paraje volvían a aparecer trampas después de que las retiraran o inutilizaran. Esa reposición y los indicios de actividad reciente en la zona llevaron al cuerpo a organizar varios dispositivos de vigilancia.
En una de esas actuaciones, los agentes localizaron al hombre al que atribuyen la colocación de las trampas. La investigación corrió a cargo del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) de los Agents Rurals, con la colaboración de la Policía Local de Sant Feliu de Guíxols, que ayudó a identificar al sospechoso. El balance de la operación fue de 24 lazos intervenidos.
El atestado irá a la Fiscalía de Girona
Los lazos sin tope son un medio de captura prohibido por su carácter no selectivo. Aunque los indicios apuntan a que se colocaron para atrapar conejos, pueden apresar también a especies protegidas o a animales domésticos, como ocurrió con la perra que dio origen a la investigación.
Los Agents Rurals han abierto diligencias por un posible delito contra la fauna y remitirán el atestado a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Girona. El artículo 336 del Código Penal prevé, para el uso no autorizado de medios de captura de eficacia no selectiva, penas de cuatro meses a dos años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, además de la inhabilitación para el ejercicio profesional y para cazar o pescar de uno a tres años, con privación del derecho a tener y portar armas durante el mismo periodo.
