El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves el Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, que introduce modificaciones en varias normas vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC). Entre las novedades más destacadas figura la obligación de que los beneficiarios de ayudas directas y de desarrollo rural acrediten documentalmente el derecho al uso de las parcelas que cultivan.
Hasta ahora, la mayoría de los arrendamientos rústicos se realizaban de forma verbal, sin contrato escrito ni justificante de pago. En provincias como León, donde más del 70% de las explotaciones profesionales se basan en tierras arrendadas —y en el caso de los jóvenes agricultores el porcentaje se acerca al 100%—, esta nueva exigencia puede suponer un cambio profundo en la gestión del sector.
La norma establece que las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento dicha documentación, dentro de un sistema de control reforzado. En la práctica, esto implicará que quienes no dispongan de contratos o recibos válidos podrán ser penalizados en el cobro de sus ayudas de la PAC.
Contratos verbales
El problema radica en que buena parte de los propietarios de tierras siguen reacios a formalizar los contratos o aceptar pagos que dejen constancia. Muchos acuerdos se basan en la confianza, en relaciones de parentesco o vecindad, y se sellan con un simple apretón de manos. Además, algunos arrendadores no aceptan transferencias bancarias ni recibos, lo que complica cualquier intento de acreditar la cesión de uso.
Desde la organización agraria ASAJA se ha recordado que lleva años defendiendo la conveniencia de formalizar por escrito los arrendamientos, conforme a la Ley de Arrendamientos Rústicos. Sin embargo, el sector carece de medios para forzar esa práctica. «Es la administración del Estado la única con capacidad legal e inspectora para obligar a que se generalicen los contratos rústicos por escrito», señala la organización, que reclama mayor seguridad jurídica y transparencia fiscal.
Riesgo de conflictos y abandono de tierras
En opinión de ASAJA, la medida puede agravar los conflictos entre arrendadores y arrendatarios, sobre todo en las zonas de mayor minifundismo y con parcelas de pequeño tamaño. En estas áreas, donde los acuerdos verbales son la norma y la negociación depende muchas veces de la buena voluntad del propietario, imponer la documentación podría dejar sin cultivar numerosas fincas.
La organización advierte de que, lejos de mejorar la transparencia, la obligación de acreditar documentalmente los arrendamientos podría traducirse en un aumento de fincas abandonadas y en la pérdida de parte de las ayudas de la PAC para los agricultores que no logren justificar sus contratos a tiempo.