El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas examina hoy el grado de cumplimiento de España de la Convención sobre los Derechos del Niño tras recibir un informe que apunta directamente a uno de los pilares del mundo rural y cinegético: el relevo generacional. Entre la documentación analizada figura un dossier elaborado por la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) que, bajo el paraguas de la protección de la infancia, propone cambios normativos encaminados a impedir que los menores de edad participen en actividades de caza con armas de fuego.
El informe sostiene que el marco legal vigente en España no garantiza de forma suficiente el interés superior del menor, principio que debe guiar todas las decisiones que afecten a la infancia y la adolescencia según el tratado internacional ratificado por el Estado español. Sin embargo, desde el sector cinegético se observa con preocupación que este planteamiento ignora deliberadamente la realidad social, cultural y normativa de la caza, tanto en España como en el resto del mundo occidental.
Menores, armas y normativa cinegética
CoPPA denuncia que la legislación española permite actualmente que adolescentes a partir de los 14 años puedan utilizar armas de fuego bajo estrictas condiciones legales, así como la presencia de menores como acompañantes en actividades de caza en varias comunidades autónomas. El informe señala que en cinco territorios se autoriza expresamente la asistencia de niños y niñas desde edades tempranas, algo que presenta como una anomalía.
Sin embargo, lo que el documento omite es que este marco legal no es una excepción española, sino la norma en la mayoría de países occidentales modernos. En todos ellos, el acceso progresivo y supervisado a las armas de fuego forma parte de la transmisión de conocimientos, valores y responsabilidades vinculadas a la caza y al medio rural. Plantear restricciones adicionales solo en España supone, en la práctica, una ruptura deliberada del relevo generacional cinegético y un intento de aislar a nuestro país de una tradición compartida internacionalmente.
A juicio de la asociación firmante del informe, esta situación entra en conflicto con el deber de las administraciones públicas de ofrecer una protección reforzada a la infancia frente a contextos que implican riesgos objetivos, como el uso de armas de fuego. Sin embargo, hay que recordar que la caza es una actividad regulada, sometida a controles estrictos y con tasas de accidentalidad muy inferiores a las de otros ámbitos deportivos o recreativos en los que participan menores sin que nadie cuestione su legitimidad.
Un informe construido desde el prejuicio
El documento presentado ante el Comité recopila supuestas evidencias científicas que, según CoPPA, alertan de riesgos para la integridad física y la salud mental de los menores expuestos a entornos cinegéticos armados. Se citan accidentes graves o mortales y se establece una relación genérica entre disponibilidad de armas y conductas suicidas en adolescentes.
No obstante, el informe incurre en una generalización que ignora factores sociales, familiares y psicológicos complejos, y atribuye de forma simplista a la caza problemas que existen en todos los ámbitos de la sociedad. Además, obvia que la supervisión adulta, la formación y el cumplimiento de la normativa han sido históricamente la base de la seguridad en la actividad cinegética.
Casos aislados utilizados como argumento
En uno de los anexos se recogen casos de menores heridos o fallecidos en accidentes de caza en España, algunos causados por disparos accidentales de familiares. Desde el mundo cinegético se señala que utilizar episodios trágicos y aislados para justificar una prohibición generalizada responde más a una estrategia ideológica que a un análisis riguroso del riesgo real.
El informe también insiste en vincular el acceso a armas de fuego con el suicidio adolescente, citando estudios que no distinguen entre contextos ni usos, y atribuyendo un peso significativo a las armas de caza, pese a que la inmensa mayoría de estos casos involucran otros factores determinantes ajenos a la actividad cinegética.
Un ataque directo a la caza y al mundo rural
Otro de los aspectos que aborda CoPPA es el impacto emocional que, según la asociación, puede generar en los menores la exposición a la muerte de animales durante las cacerías. Desde Jara y Sedal recordamos que la caza forma parte del patrimonio cultural del mundo rural y que su transmisión intergeneracional se basa en el respeto, la responsabilidad y el conocimiento del medio natural, no en la violencia gratuita que el informe parece querer asociar a esta práctica.
Finalmente, CoPPA solicita al Comité de los Derechos del Niño que inste a las autoridades españolas a modificar la normativa vigente para prohibir en todo el territorio nacional que los menores de 18 años utilicen armas de fuego o incluso asistan como acompañantes a actividades de caza.
Una propuesta que, lejos de proteger a la infancia, supondría un golpe directo al futuro de la caza, al vaciar de jóvenes a un sector ya castigado por el despoblamiento rural y la presión normativa. Para muchos cazadores, este tipo de informes no buscan mejorar la seguridad ni el bienestar de los menores, sino avanzar en una agenda que pretende arrinconar y deslegitimar la actividad cinegética, atacando su base más sensible: la transmisión de la afición de padres a hijos.