La Asamblea Nacional de Senegal ha aprobado una ley que duplica las penas contra las relaciones homosexuales, que pasan de cinco a diez años de prisión, además de prever sanciones contra la promoción y financiación de la homosexualidad. Naciones Unidas ha reaccionado señalando que esta medida «ofende» los derechos humanos. La condena es lógica: ningún Estado debería perseguir penalmente a una persona por su orientación sexual ni convertir la vida privada de dos adultos en un delito.
Pero la noticia deja también una pregunta incómoda para el propio sistema de Naciones Unidas. El mismo entorno institucional que reprueba con razón leyes como la aprobada en Senegal ha permitido que varios miembros del Comité de los Derechos del Niño den lecciones de moral a España por la presencia de menores en la caza y la tauromaquia, dos actividades legales, reguladas y profundamente arraigadas en nuestra cultura. Y lo más llamativo es que algunos de esos expertos proceden de países donde las relaciones homosexuales siguen perseguidas con penas de cárcel o incluso de muerte.
La contradicción no puede pasarse por alto. España fue interrogada en Ginebra por permitir que menores acompañen a sus familias al campo o participen, bajo las condiciones legales previstas, en una actividad sometida a licencias, seguros, controles administrativos y normas de seguridad. Mientras tanto, en los países de procedencia de algunos de quienes formularon esas preguntas, derechos tan básicos como mantener una relación sentimental libremente o no ser encarcelado por la propia orientación sexual continúan sin estar plenamente garantizados.
Las preguntas del Comité sobre caza y tauromaquia
El pasado mes de enero, durante el examen de España ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, varios miembros del organismo pusieron el foco en la caza, la tauromaquia y la presencia de menores en este tipo de actividades. Las intervenciones no fueron genéricas. Tuvieron nombres, apellidos y procedencias concretas, y fueron recibidas con enorme preocupación por el sector cinegético, que vio en ellas un nuevo intento de presentar la transmisión cultural de la caza como si fuera un problema de protección infantil.
Una de las intervenciones más explícitas fue la de Suzanne Aho, de Togo, exministra de Salud y miembro del Comité, que centró su pregunta en la tauromaquia y el posible impacto psicológico de que los menores vean sangre y muerte de animales. «Nos gustaría que nos dijeran algo más sobre la tauromaquia. ¿Qué hacen para proteger a los niños y a las niñas? Porque a base de ver tanta sangre, la muerte de tantos animales, yo temo que esto pueda afectar a su psique», afirmó ante la delegación española.
Aunque su intervención se centró en los toros, el enfoque utilizado fue el mismo que después se trasladó al debate cinegético: presentar determinadas prácticas tradicionales españolas como una amenaza para los menores por su relación con la muerte de animales. Sin embargo, Togo, país de procedencia de Aho, mantiene una legislación que castiga las relaciones homosexuales con penas de prisión y multa, una realidad que contrasta con la autoridad moral con la que se pretende fiscalizar a España por actividades legales y reguladas.
En la misma línea crítica intervino Zeinebou Taleb Moussa, miembro del Comité por Mauritania, que puso el foco directamente en la participación de menores en actividades cinegéticas con armas de fuego. «Tiene que ver con la participación de niños y niñas en actividades de caza donde se usan armas de fuego. Es un peligro, además, para la infancia y es preocupante y es importante», señaló, reclamando a España datos sobre cuántos menores participan en este tipo de actividades.
Taleb Moussa fue más allá y preguntó si el Estado español tenía intención de modificar su legislación para ajustarla a los artículos 3, 6 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al considerar que la caza supondría un peligro para la infancia y una amenaza para su interés superior. El contraste resulta especialmente llamativo si se recuerda que Mauritania criminaliza las relaciones homosexuales y contempla, sobre el papel, penas que pueden llegar hasta la muerte por lapidación, aunque exista una moratoria de facto en su aplicación.
El tercer nombre clave fue Timothy P. T. Ekesa, miembro del Comité por Kenia, que introdujo otro argumento sensible: la desigualdad normativa entre comunidades autónomas y el peso de la tradición cultural. Ekesa preguntó qué medidas está adoptando España para armonizar estas normas y por qué se permite la participación de menores en actividades que, a su juicio, implican violencia o alto riesgo físico. También habló de posibles presiones culturales, familiares o económicas que podrían empujar a los menores a participar en eventos taurinos o en actividades relacionadas con animales.
Esl argumento de Ekesa merece una respuesta sin tapujos. Si la tradición cultural no puede servir para justificar la vulneración de derechos fundamentales, tampoco debería utilizarse una supuesta superioridad moral para atacar una tradición legal y regulada en España desde países donde esos derechos fundamentales siguen sin estar plenamente reconocidos. Kenia, país de procedencia de Ekesa, mantiene penalizadas las relaciones homosexuales masculinas, con penas que pueden llegar a varios años de prisión.
Derechos humanos, sí; doble vara de medir, no
La defensa de las personas homosexuales no admite matices interesados. Nadie debería ser encarcelado, perseguido, multado, señalado o condenado por su orientación sexual. Por eso resulta acertado que Naciones Unidas critique leyes como la aprobada en Senegal. La libertad individual y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier excusa cultural, religiosa o política.
Precisamente por eso sorprende que algunos expertos del mismo sistema internacional parezcan tan dispuestos a cuestionar la caza en España mientras en sus propios entornos nacionales siguen existiendo leyes que castigan derechos humanos elementales. Antes de presentar como un problema que un menor acompañe a su padre, a su madre o a sus abuelos al campo, quizá convendría mirar qué ocurre en países donde una relación consentida entre adultos puede acabar en una comisaría, en un juzgado o en la cárcel.
La cuestión no es negar que España pueda ser examinada por organismos internacionales. Puede serlo, como cualquier otro Estado. La cuestión en este punto es la vara con la que medimos estos hehcos. Porque no es lo mismo debatir mejoras concretas en una actividad regulada que colocar bajo sospecha una tradición transmitida durante generaciones como si fuera una amenaza para los niños.
La caza no es violencia
La caza en España no es una actividad clandestina, improvisada ni ajena al control de las instituciones públicas. Está regulada por leyes autonómicas, reglamentos, licencias, permisos, seguros, cupos, planes técnicos, periodos hábiles, normas de seguridad y controles administrativos. La participación o presencia de menores no se produce en un vacío legal, sino dentro de un marco normativo que lo regula específicamente.
Presentar la caza como una simple exposición de los menores a la violencia es desconocer por completo qué significa esta actividad en miles de familias ligadas al medio rural. Para muchos niños y jóvenes, acompañar a sus mayores al campo no es aprender a matar, sino aprender a observar, a esperar, a respetar, a conocer los animales, a distinguir especies, a leer el terreno, a valorar el esfuerzo y a entender que la naturaleza no es un decorado urbano, sino un espacio vivo con reglas propias.
En la caza se aprende también lo que demasiadas veces se pierde en una sociedad cada vez más urbanita: la responsabilidad. Un menor que acompaña a una jornada cinegética no solo participa en una actividad ancestral. Conoce sus normas, la prudencia que se necesita, la paciencia, el respeto por los perros, adquiere el conocimiento del monte necesario y las especies que en él habitan, así como todas las reglas y normativas que lo regulan.
Jenofonte ya aconsejaba a los jóvenes no menospreciar la caza
La dimensión cultural de la caza no es una invención reciente ni una excusa del mundo rural contemporáneo. Hace más de 2.000 años, Jenofonte, filósofo, militar e historiador griego, ya defendía en su obra Cinegética o arte de la caza el valor formativo de esta actividad para los jóvenes. Su reflexión, lejos de presentar la caza como una diversión superficial, la entendía como una escuela de disciplina, fortaleza, observación y carácter.
En el primer capítulo de esa obra dejó escrito un consejo que hoy conserva una sorprendente vigencia: «Así pues, yo aconsejo a los jóvenes que no menosprecien la caza ni cualquier otra enseñanza, que les hace buenos para la guerra y las demás actividades, de lo cual resulta necesariamente el pensar, hablar y actuar bien». La frase resume una visión clásica en la que el contacto con el campo, la preparación física, el conocimiento práctico y la capacidad de actuar con prudencia formaban parte de una educación completa.
Jenofonte no hablaba de la caza como un capricho, sino como una actividad que exigía preparación, atención y respeto por las reglas. Su defensa conecta con lo que muchos cazadores siguen sosteniendo hoy: el monte enseña, pero solo a quien se acerca a él con humildad, conocimiento y responsabilidad. Por eso resulta tan injusto que desde determinados despachos internacionales se pretenda presentar esa transmisión cultural como una amenaza para la infancia.
Menos hipocresía y más autocrítica
El debate abierto por Naciones Unidas sobre la caza y los menores en España no puede separarse del contexto más amplio en el que se produce. No estamos hablando de un país sin leyes ni de una práctica descontrolada. Estamos hablando de España, una democracia europea con un marco normativo garantista, donde la caza está sometida a regulación y donde los derechos de las personas homosexuales están protegidos por la ley.
Frente a ello, algunos de los miembros que han cuestionado a España proceden de países donde la homosexualidad sigue castigada con cárcel o incluso con pena de muerte. Esa realidad no invalida automáticamente cualquier pregunta que puedan formular, pero sí obliga a señalar una contradicción evidente: resulta difícil aceptar lecciones de moral sobre infancia, cultura y derechos desde contextos donde todavía no se respetan libertades fundamentales.
La aprobación de la nueva ley senegalesa no es, por tanto, una noticia aislada. Es el recordatorio de que los derechos humanos no pueden defenderse a la carta. Si Naciones Unidas considera ofensivo para la dignidad humana castigar la homosexualidad, debe ser igual de cuidadosa cuando algunos de sus expertos tratan de convertir una tradición legal, regulada y culturalmente arraigada como la caza en un problema moral.
España puede y debe debatir sus leyes. También puede mejorar cualquier regulación si existen razones objetivas para hacerlo. Pero no necesita lecciones de quienes miran con lupa a un menor que acompaña a su familia al campo mientras en sus países una persona puede ser perseguida por amar a otra. Defender la caza y defender la libertad no son causas opuestas. En este caso, forman parte de la misma exigencia: menos hipocresía, más verdad y una sola vara de medir para todos.