El fenómeno de la okupación ilegal sigue marcando la actualidad en la Comunidad Valenciana. Aunque las estadísticas oficiales reflejan un descenso significativo en el número de denuncias, los intentos no cesan. El último episodio se vivió hace solo unos días en Bétera, donde cuatro individuos llegaron preparados para hacerse con una vivienda deshabitada, sin imaginar que la atención de los vecinos terminaría desbaratando su plan.
Los okupas acudieron con todo lo necesario para entrar en la vivienda: un taladro, un destornillador, un martillo, una llave inglesa, un cuchillo e incluso una cerradura nueva con su juego de llaves. Una preparación minuciosa que, en su opinión, debía garantizarles la entrada sin complicaciones. Sin embargo, la vigilancia vecinal se convirtió en el obstáculo inesperado que acabó frustrando sus intenciones.
Un plan fallido por la alerta ciudadana
En localidades pequeñas como Bétera, donde todos se conocen, los movimientos extraños no pasan desapercibidos. La presencia de cuatro desconocidos rondando una casa deshabitada encendió rápidamente las alarmas. Varios vecinos no dudaron en avisar a la Policía Local, que llegó en cuestión de minutos y sorprendió a los individuos con las herramientas en la mano, listos para forzar la cerradura.
«Pillamos a los sospechosos in fraganti, con todo el material encima», explicó un portavoz de la Policía Local de Bétera. «Llevaban hasta una cerradura de repuesto, lo que demuestra que su intención era quedarse en la vivienda». La rápida actuación permitió que los agentes procedieran a su detención antes de que se consumara la ocupación.
Este episodio confirma que, pese a las cifras oficiales de descenso en los últimos años, la okupación sigue siendo un problema latente en la región. Según el Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 1.200 denuncias por este tipo de delitos en la Comunidad Valenciana, un 40% menos que años atrás gracias a nuevas medidas legales y a la mayor agilidad en los desalojos.
Vecinos, un eslabón clave
Desde la Policía se ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana. «Sin su rápida intervención, probablemente la okupación se habría consumado», admitieron fuentes policiales. No es un caso aislado: en los últimos meses varios intentos similares se han evitado en la región gracias al mismo mecanismo, la vigilancia vecinal combinada con la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.
Los datos del Observatorio contra la Okupación señalan que, solo en la provincia de Valencia, este año ya se han interpuesto más de 200 denuncias, aunque únicamente un 30% han culminado en sentencia firme. La lentitud judicial y las dificultades para recuperar los inmuebles siguen siendo el principal problema de los propietarios.
Nuevas medidas y debate político
El Gobierno autonómico, con apoyo del Ministerio del Interior, ha impulsado reformas legales que permiten agilizar los desalojos. La nueva Ley de Vivienda, aprobada en abril, contempla que un propietario pueda recuperar su inmueble en un plazo máximo de 48 horas si se acredita la ilegalidad de la ocupación. No obstante, la oposición política ha criticado estas medidas, alegando que no resuelven la raíz del problema: la falta de vivienda asequible.
«No se puede criminalizar a todos los okupas por igual», aseguró recientemente un portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano. La polémica, por tanto, sigue abierta, con posturas enfrentadas sobre si la prioridad debe ser la seguridad jurídica de los propietarios o la respuesta social al acceso a la vivienda.
Mientras tanto, el caso de Bétera refleja con claridad que, más allá de las leyes y los debates parlamentarios, la acción vecinal inmediata es uno de los elementos más eficaces para frenar la okupación. En esta ocasión, la desconfianza de los vecinos fue suficiente para evitar que cuatro individuos se instalaran en una vivienda ajena. En pueblos donde todos se conocen, los extraños con herramientas siempre acaban llamando la atención.