La imagen de jabalíes paseando por calles, urbanizaciones o parques se ha vuelto cada vez más habitual en muchas ciudades españolas. Lo que durante años se percibía como una estampa curiosa o incluso entrañable ha pasado a convertirse en un problema creciente. Y ahora, también, en un motivo de sanción económica. Los ayuntamientos han empezado a actuar.
El caso más reciente y significativo es el de Mijas (Málaga), donde el Ayuntamiento ha lanzado una campaña para frenar esta práctica y ha anunciado multas de hasta 750 euros para quienes alimenten a estos animales en espacios urbanos. La medida ya no es solo preventiva: según ha trascendido, se ha impuesto una primera sanción de 250 euros a un vecino.
La base legal de esta actuación está en la ordenanza municipal de convivencia, que prohíbe dar comida a animales en la vía pública cuando esto pueda generar problemas de salubridad, suciedad o seguridad. Un marco normativo que empieza a repetirse en distintos puntos del país.
Mijas, el detonante de un cambio que ya está en marcha
La decisión del municipio malagueño marca un antes y un después. No solo por la cuantía de las multas, sino porque evidencia que las administraciones han dejado de considerar este comportamiento como algo anecdótico. El propio concejal de Medio Ambiente, Marcos Cortés, advertía —según recoge Huffpost— de que los jabalíes «se han convertido en un problema de salud pública y de seguridad».
El Ayuntamiento ha difundido incluso un vídeo en redes sociales donde se observa a varios ejemplares alimentándose en zonas cercanas a viviendas, una escena cada vez más frecuente. Desde el Consistorio insisten en que alimentarlos altera su comportamiento natural, hace que pierdan el miedo al ser humano y favorece que regresen de forma constante a entornos urbanos.
La medida no llega sola. Se estudian también soluciones como barreras olfativas, sistemas acústicos o pastores eléctricos para disuadir su presencia. Pero la clave, insisten, está en cortar el acceso fácil a comida.
No es un caso aislado: multas en otras ciudades
Lo ocurrido en Mijas no es una excepción. En otros municipios de la Costa del Sol, como Fuengirola, también se contemplan sanciones por alimentar animales en la vía pública, con multas que oscilan entre los 75 y los 500 euros. En Marbella, la normativa municipal recoge igualmente esta prohibición, aunque no hayan trascendido sanciones recientes.
Más contundente es el caso de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde las multas pueden situarse entre los 750 y los 1.500 euros si se colocan comederos o se alimenta a jabalíes. Un salto cualitativo que demuestra hasta qué punto las administraciones están endureciendo su postura.
En Málaga capital, sin ir más lejos, también está prohibido alimentar animales en la vía pública por motivos de higiene y salud pública, una línea argumental que se repite en la mayoría de ordenanzas municipales.
El modelo europeo que ya se aplica fuera de España
Este giro no es casual. En ciudades europeas como Berlín, este problema lleva años regulado. Allí, alimentar fauna salvaje está prohibido y puede acarrear sanciones de hasta 5.000 euros. Las autoridades advierten de que este tipo de prácticas provoca que los animales pierdan su cautela natural y se acerquen cada vez más a zonas habitadas, aumentando los conflictos.
El caso alemán se ha convertido en un referente de gestión urbana de fauna salvaje, basado en la prevención y en la implicación ciudadana. Un modelo que ahora empieza a replicarse en España.
La clave legal: ordenanzas locales y salud pública
A diferencia de otros países, en España no existe una ley estatal específica que prohíba alimentar jabalíes. Sin embargo, las sanciones se sustentan en ordenanzas municipales, en la normativa de salud pública y en la legislación medioambiental. Además, la Ley de Bienestar Animal de 2023 refuerza la obligación de gestionar adecuadamente la fauna urbana, lo que da cobertura a este tipo de medidas.
El mensaje de fondo es claro y empieza a calar en distintos municipios: dar de comer a jabalíes ya no es un gesto inocente: en varias ciudades españolas puede costar cientos o incluso miles de euros. Una advertencia que refleja un cambio de mentalidad y una nueva forma de abordar la convivencia entre humanos y fauna salvaje.