La nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha contempla un aumento de las penas para quien recoja desmogues de manera ilegal, sin el permiso del titular del terreno. Los propietarios de fincas privadas y empresarios del sector piden más contundencia.
9/4/2018 | Redacción JyS
Estamos en la época en la que ciervos y gamos tiran sus cuernas para dar pie al crecimiento de unas nuevas. Durante la temporada corcera es habitual ver estos desmogues esparcidos por los cotos. Pero… ¿puede recogerla cualquier persona y en cualquier momento? En el caso de Castilla-La Mancha la respuesta es: «No».
La ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha especifica que la propiedad y el derecho a recoger estos elementos «corresponde al titular del terreno cinegético en el que se encuentra». Ahora, con la entrada en vigor de la nueva, y controvertida, ley de caza de la región la recogida de desmogues sin autorización expresa del titular del terreno pasará a considerarse una infracción grave. Las multas por estos hechos podrán ir desde los 501 a los 6.000 euros, tal y como publica el diario ABC.
Esta medida llega para afianzar e incentivar un mercado que se encuentra actualmente al alza. Actualmente el kilo de asta de ciervo tiene un valor de aproximadamente 30 euros. El mayor importador de este producto que tiene España es China, desde donde se ha incrementado su demanda.
Actualmente, las empresas que realizan acuerdos con los propietarios de fincas para la recogida legal, con facturas y tributando, se encuentran en la tesitura de competir con grupos organizados que llevan a cabo «operaciones de furtivismo y pillaje», tal y como explica Agustín Rabadán, presidente de la Federación de Caza de Castilla–La Mancha, al medio citado anteriormente. Estos grupos de furtivos no sólo asaltan las fincas equipados con alta tecnología en la mayoría de las ocasiones, sino que además llegan a entrar en viviendas y cortijos para robar trofeos de caza.
Ante las dificultades con las que se encuentra la Guardia Civil para poder atrapar a estos delincuentes, los afectados piden una mayor contundencia. Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca, explica que «no es suficiente con la sanción grave», y advierte de que en este aspecto hay una «legislación laxa».
