Sucedió el pasado mes de julio. Un joven puso a la venta un viejo cepo de su abuelo en una conocida plataforma de venta de productos de segunda mano para sacarse unos eurillos y quien terminó llamando fue la Guardia Civil. No para comprarlo, sino para requisárselo y meterle un buen puro. Y no es la primera vez que pasa.
Por si aún no lo saben, en nuestro país no hace falta activar una de estas antiguas trampas de caza en el campo para ser sancionados: basta con tenerla. Lo es así desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la perversa Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dictada por los grupos ecologistas anticaza. La famosa Ley Narbona prohíbe en su artículo 65.1 «la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales».
El hecho de llevar 18 años ya sometidos a esta abominación legislativa no resta importancia a su gravedad y tampoco deja lugar a dudas sobre la voluntad de quienes manejaban los hilos normativos en materia de medio ambiente. Su objetivo real no sólo es acabar con la caza, sino anularnos y eliminar cualquier vestigio de nuestra cultura rural y cinegética.
La mayoría de los cazadores de este país, y muchos de los habitantes de nuestros pueblos, conservan en sus casas viejos cepos que forman parte de la herencia que sus mayores les legaron. Artilugios que no sólo fueron legales, sino necesarios para ayudarles a sobrevivir en una España rural castigada por el hambre y la necesidad. No son simples trozos de hierro que ya no usa nadie, son recuerdos que forman parte de nuestras raíces y de nuestra cultura, que conservan un incalculable valor etnográfico y sentimental para la mayoría de nosotros. Porque son parte de lo que somos. Reliquias que dieron de comer a quienes nos engendraron cuando más lo necesitaban.
Por desgracia, vivimos en un país que te multa con 2.000 euros por tener un recuerdo familiar colgado en la pared de tu casa mientras permite que esa misma casa pueda ser ocupada impunemente. Es lo que sucede cuando el poder legislativo no legisla para el pueblo, sino contra él. Así que ya lo saben: guarden bien sus recuerdos y no dejen que nadie se los robe. Que nos lo quieren quitar todo. Hasta la memoria.