En una reciente inspección in situ, los agentes medioambientales de Castilla‑La Mancha sorprendieron a varios individuos utilizando alburnos y pequeños peces dorados, típicamente especies domésticas de pecera, como cebo para atraer presas mayores. Esta práctica no solo vulnera la normativa autonómica, sino que compromete seriamente la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos.
Uno de los inspectores explicó que, tras decomisar seis cañas y los cebos prohibidos, se levantó el acta correspondiente. Además, se incautaron vivos ejemplares de pez dorado, especie exótica invasora incluida en el catálogo nacional, cuya posesión y uso como cebo está expresamente prohibido. La situación ilustra la creciente vigilancia sobre prácticas fuera de norma incluso en aguas interiores de Castilla‑La Mancha.
Las consecuencias de esta infracción pueden ser severas: aunque la normativa autónoma suele aplicar multas proporcionales, las sanciones por uso de cebo vivo prohibido se consideran infracciones graves. Según documentación legal al respecto, las multas pueden oscilar entre 301 € y 6.000 €, junto con medidas accesorias como retirada temporal o definitiva de la licencia, o incluso la inhabilitación para obtenerla.
Desde el entorno de pesca recreativa destacan el impacto potencial de introducir especies no autóctonas generando desequilibrios en el ecosistema. Los agentes recalcaron que utilizar pequeñas especies capturadas o trasladadas de acuarios como cebo vivo no solo está prohibido, sino que puede facilitar su establecimiento y dispersión en medios naturales.
Política sancionadora autonómica
La Orden anual de vedas en Castilla‑La Mancha establece con claridad la prohibición de emplear peces, cangrejos o moluscos como cebo vivo, especialmente cuando se trata de especies exóticas invasoras. El alburno figura dentro de estas prohibiciones, tanto si se utiliza vivo como muerto.
Aunque la normativa específica de Castilla‑La Mancha no fija un importes estándar para cada infracción, el marco sancionador nacional prevé la inscripción de infracciones graves en un registro estatal, la imposición de sanciones pecuniarias y el sistema de puntos que puede derivar en suspensión o pérdida de licencia.
Los pescadores que incumplan pueden enfrentarse no solo a una sanción económica considerable sino también a consecuencias administrativas prolongadas, que podrían impedirles practicar la pesca recreativa durante un tiempo indefinido.