La historia ocurrió en Avilés (Asturias) y tuvo como protagonista a un aficionado a la actividad cinegética que aseguraba tener en regla todas sus armas. El problema comenzó cuando decidió vender por internet una carabina de aire comprimido que nunca había utilizado y optó por enviarla por correo al comprador. Lo que parecía una simple operación de compraventa acabó derivando en una sanción administrativa y la incautación del arma.
El incidente se produjo cuando el hombre acordó la venta de la carabina a través de una conocida plataforma de segunda mano. La entrega debía hacerse mediante envío postal y por ello acudió a una oficina de Correos para tramitarlo.
Según relató posteriormente al diario La Voz de Avilés, la situación empezó a complicarse desde el primer momento. Aquel 11 de abril, sobre «las 08:30 horas», acudió a la oficina con el arma correctamente guardada en su funda y empaquetada para el envío.
«Llevé a Correos la carabina de aire comprimido en su funda y empaquetada», recordó. Los empleados del servicio postal, al no tener claro si podían aceptar ese tipo de paquete, decidieron consultar la normativa antes de tramitarlo.
La oficina de Correos le confirmó que el envío era posible
En un primer momento le pidieron que regresara a casa mientras verificaban la normativa. «Me dijeron que me la llevase de vuelta a casa que ya me dirían si podían mandarla», explicó el propio afectado.
Sin embargo, pocas horas después recibió una llamada desde la oficina postal con una respuesta distinta. «Porque a las once de la mañana me llamaron por teléfono y me dijeron que sí se podía enviar, que estaba permitido».
Tras esa confirmación, Viña regresó a Correos y entregó la carabina para su envío. Recibió el justificante correspondiente y pensó que el trámite había quedado resuelto sin problemas.
Pero el giro llegó en cuestión de horas. En otra oficina de Correos, al pasar el paquete por el escáner, detectaron que contenía un arma y se activó el protocolo de aviso a la Guardia Civil.
La Guardia Civil requisó el arma y abrió un expediente
Al día siguiente recibió la llamada que cambiaría completamente la situación. «Al día siguiente me llama la Guardia Civil diciéndome que el arma está detenida por estar prohibido enviar armas», explicó.
El cazador tuvo que acudir a dependencias del instituto armado para firmar una autorización que permitiera abrir el paquete. Una vez inspeccionado, los agentes decidieron requisar la carabina de aire comprimido.
Ante la incertidumbre, presentó una incidencia ante Correos para aclarar lo ocurrido. La respuesta llegó días después, mediante un correo electrónico.
En ese mensaje, la empresa postal comenzaba pidiendo disculpas: «Disculpas por las molestias que esta situación le haya ocasionado».
Además, añadía una explicación sobre lo sucedido: «Hemos realizado las investigaciones pertinentes y, tras consultar con el responsable de la oficina, entendemos que ha podido tratarse de un malentendido en la información proporcionada».
Cinco meses después recibió una multa de 600 euros
La respuesta de Correos también detallaba que sí estaba permitido enviar determinadas armas de aire, como carabinas y pistolas accionadas por aire u otro gas que no estén asimiladas a escopetas.
A pesar de ello, el problema no quedó resuelto. Con el paso de las semanas, el cazador no recuperó su carabina. Y la situación se agravó meses después. El 6 de septiembre, desde la Delegación del Gobierno le notificaron una multa de 600 euros por un supuesto incumplimiento de la ley de seguridad ciudadana.
Según el expediente, el transporte de ese tipo de armas requeriría una autorización especial y el uso de una empresa de seguridad, lo que habría motivado la sanción administrativa.