La historia de Pere Puigbert ha corrido como la pólvora entre agricultores y ganaderos de toda España. Este ingeniero agrícola de Ventalló, un pequeño municipio de Girona, denuncia que la Generalitat de Cataluña le ha impuesto una sanción de 10.000 euros por colocar carteles junto a la carretera para anunciar la venta de fruta de su explotación familiar. El caso ha desatado una oleada de indignación en el sector primario, que vuelve a denunciar el exceso de burocracia y presión administrativa sobre quienes intentan mantener actividad económica en el medio rural.
Puigbert asegura que los carteles llevaban años colocados sin generar ningún problema y que únicamente buscaban atraer clientes a su agrotienda. Según explica, la Administración le ha dado además un plazo de diez días para retirar el nuevo cartel instalado en el camino de acceso a la finca o se enfrentará a otra multa similar.
El agricultor hizo pública su situación a través de RAC1 y de las redes sociales, donde sus declaraciones han provocado miles de reacciones. «Ahora me dan 10 días para que desmonte y retire el nuevo cartel que he puesto en el camino de entrada a nuestra tienda de Ventalló. Oye, la ley lo prohíbe. En Francia se puede», lamentó.
La sanción, según denuncia, asciende inicialmente a 10.000 euros, aunque finalmente terminaron pagando 6.000. Aun así, considera que la medida es completamente desproporcionada para una explotación familiar que únicamente trata de sobrevivir en un entorno rural cada vez más castigado.
Carteles, cajas recicladas y fruta “fea”
Pero el conflicto no termina con los carteles publicitarios. Puigbert también ha explicado que afronta otros expedientes sancionadores relacionados con prácticas habituales en muchos pueblos y pequeñas explotaciones agrícolas.
Uno de ellos tiene que ver con la venta de manzanas con defectos estéticos. Se trata de fruta apta para el consumo pero fuera de los estándares comerciales habituales. Según denuncia el agricultor, las autoridades consideran ilegal comercializar estas piezas de segunda categoría directamente a vecinos y clientes de la zona. «Toda la vida se ha hecho así en los pueblos», explicó el agricultor, visiblemente indignado por una normativa que obliga en muchos casos a destinar esa fruta a zumos o incluso desecharla.
A esto se suma otra posible sanción relacionada con la reutilización de cajas recicladas para transportar y vender sus productos. Puigbert reconoce que conocía parte de la normativa europea sobre embalajes, aunque asegura que nunca antes se había aplicado con tanta dureza. El agricultor asegura sentirse completamente agotado tras décadas trabajando en el sector. «Me he puesto a llorar, esto es para cerrar la barraca», confesó durante una entrevista radiofónica.
El campo denuncia “asfixia burocrática”
El caso ha reabierto el debate sobre la presión normativa que soporta el sector primario español. Numerosos agricultores han mostrado su apoyo a Puigbert y consideran que este tipo de sanciones terminan desincentivando cualquier iniciativa económica en pequeños municipios rurales. «Intentamos promocionar una actividad en un pueblo pequeño para que haya vida y trabajo y no hacen más que poner trabas», denunció el agricultor catalán.
También criticó el diferente trato que, a su juicio, reciben otros negocios situados junto a carreteras principales. «Qué daño les da si llevan 15 años puestos», se preguntó sobre unos carteles que, según sostiene, nunca habían generado incidencias ni problemas de seguridad vial.
La polémica ha aumentado todavía más después de que trascendiera que distintas administraciones catalanas han concedido cerca de 500.000 euros en subvenciones a colectivos vinculados al denominado Sindicato de Manteros de Barcelona. Esta comparación ha provocado un intenso debate en redes sociales sobre el destino de las ayudas públicas y el trato que reciben agricultores, ganaderos y pequeños autónomos del medio rural. «No reconozco mi país. Tenemos un Gobierno que hace lo posible para que no haya iniciativas en zonas rurales», afirmó Puigbert, convencido de que este tipo de actuaciones terminan empujando al cierre de negocios familiares históricos.