El caso de Maikel Mora ha encendido las alarmas en el campo valenciano. Este agricultor, con explotaciones repartidas entre Jalance y Cofrentes, ha recibido una sanción que incluye la devolución de ayudas y un recargo del 30%, simplemente por trasladar su residencia habitual a un pueblo cercano, también afectado por la despoblación.
La situación, que en principio podría parecer un simple trámite administrativo, se ha convertido en un problema de gran calado para el afectado. Mora había estado beneficiándose de la tarifa plana rural para autónomos, una medida destinada a incentivar la actividad en zonas despobladas. Sin embargo, el cambio de padrón ha supuesto la pérdida automática de esta bonificación.
El agricultor insiste en que su actividad no ha variado en absoluto. Sus tierras siguen en los mismos términos municipales y continúa trabajando en una zona con las mismas dificultades estructurales. Aun así, la Administración ha considerado que incumple las condiciones exigidas para mantener la ayuda.
Una sanción que pone en jaque la explotación
La multa no solo implica la devolución de las cantidades bonificadas, sino que añade un importante recargo que eleva la cifra total hasta los 6.000 euros. Una cantidad que, según denuncia el propio afectado, puede comprometer seriamente su futuro profesional. El agricultor considera que la medida carece de lógica, ya que el traslado se ha producido entre dos localidades prácticamente idénticas en términos demográficos y económicos.
Además, subraya que no se trata de un caso aislado. Según apunta, otros profesionales del sector también han sido sancionados tras cambiar su residencia a municipios cercanos, lo que evidencia un problema más amplio en la aplicación de estas ayudas.
El campo alza la voz ante lo que considera un abuso
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha salido en defensa del agricultor y ha criticado duramente la sanción. Desde la organización consideran que responde a «la voracidad recaudatoria de este Gobierno», una afirmación que refleja el malestar creciente en el sector.
Su presidente, Cristóbal Aguado, ha reclamado cambios urgentes en la normativa. En concreto, propone que se elimine la obligación de mantener el padrón durante los primeros cinco años para conservar la tarifa plana rural, siempre que el traslado se realice entre municipios de menos de 5.000 habitantes.
Desde AVA-ASAJA advierten de que este tipo de decisiones administrativas pueden desincentivar el relevo generacional en el campo, un problema ya crítico en muchas zonas rurales. Con más de 20.000 asociados, la organización insiste en que es necesario facilitar, y no obstaculizar, la actividad agraria en territorios que luchan contra la despoblación.
El caso de Maikel Mora pone sobre la mesa una realidad que preocupa cada vez más: la rigidez de algunas normativas puede chocar frontalmente con la realidad del medio rural, donde cambiar de pueblo no significa abandonar el territorio, sino, en muchos casos, seguir apostando por él.