Sí, suena muy fuerte, pero esa es la sanción que recibió un veterinario de Baleares por administrar a una mascota el medicamento que, como profesional, consideró más adecuado. La multa, de 90.000 euros, fue presentada por la patronal de clínicas veterinarias de las islas como la primera sanción firme relacionada con la aplicación del Real Decreto 666/2023, una norma que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
El caso se convirtió rápidamente en el ejemplo más contundente de las consecuencias que, según denuncian los profesionales, está teniendo esta regulación sobre su trabajo diario. Ahora, los veterinarios han decidido volver a la calle. El Comité de Crisis Veterinario ha convocado manifestaciones simultáneas en Madrid y Barcelona para el sábado 19 de septiembre, a las 11:00 horas, y prepara un calendario de movilizaciones por toda España.
El objetivo es exigir cambios en las medidas que afectan al ejercicio profesional y, según sostiene el colectivo, limitan la capacidad de los veterinarios para ofrecer una atención adecuada a los animales. Las protestas no estarán dirigidas únicamente a los facultativos: sus organizadores también han llamado a participar a propietarios de mascotas y a todos los ciudadanos preocupados por la calidad de la asistencia veterinaria.
Una sanción firme que ya está en los tribunales
La multa de 90.000 euros se conoció en febrero de 2025, cuando la patronal de clínicas veterinarias de Baleares informó de que la sanción ya era firme y se encontraba en vías de judicialización. El expediente se había abierto varios meses antes y estaba relacionado con la administración de un medicamento elegido por el profesional para tratar a un animal.
El origen del conflicto se encuentra en el Real Decreto 666/2023, que reforzó las obligaciones relacionadas con la prescripción y el uso de medicamentos veterinarios. Entre otras medidas, estableció el registro electrónico de las prescripciones de antibióticos a través de la plataforma PRESVET y mantuvo las limitaciones que impiden a los veterinarios vender directamente medicamentos en sus consultas. Estos deben ser dispensados por oficinas de farmacia o por establecimientos expresamente autorizados.
La normativa, supuestamente persigue mejorar la trazabilidad de los medicamentos, favorecer un uso responsable de los antibióticos y combatir las resistencias antimicrobianas. Sin embargo, una parte importante del sector clínico considera que su aplicación ha generado una carga burocrática desproporcionada, inseguridad jurídica y restricciones que dificultan la elección del tratamiento más adecuado para cada animal.
Aunque el Real Decreto 666/2023 fue modificado posteriormente por el Real Decreto 767/2025, las organizaciones contrarias a la norma consideran que esos cambios no han solucionado el problema. La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), una de las principales entidades movilizadas, continúa reclamando su derogación.
Manifestaciones en Madrid y Barcelona el 19 de septiembre
Antes de las manifestaciones, el Comité de Crisis Veterinario ofrecerá una rueda de prensa el 9 de septiembre. En ella expondrá las reivindicaciones de los profesionales, informará sobre las acciones previstas y presentará el calendario de protestas acordado para las próximas semanas.
El siguiente paso serán las dos marchas simultáneas del sábado 19 de septiembre en Madrid y Barcelona. El Comité pretende mantener después una movilización sostenida, con concentraciones y manifestaciones en las capitales de provincia y ante instituciones como el Congreso de los Diputados.
También continuará la recogida de firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular que permita modificar el actual modelo. La propuesta promovida por CEVE plantea derogar el Real Decreto 666/2023, recuperar una mayor libertad de prescripción y permitir que los veterinarios puedan dispensar directamente determinados medicamentos desde sus clínicas, centros o botiquines. A finales de julio, la organización aseguraba contar con 593.000 firmas comprometidas, aunque entonces solo 210.000 habían completado el proceso de verificación.
Los convocantes tampoco descartan pedir la dimisión o el cese de responsables de la Administración si consideran que sus reclamaciones siguen sin ser atendidas. Defienden que cualquier regulación sobre medicamentos debe tener en cuenta la realidad de la práctica clínica y permitir que los profesionales trabajen con garantías, sin que la burocracia o el temor a una sanción condicionen la atención sanitaria de los animales.
La multa de Baleares resume precisamente el motivo de ese malestar. Una sanción de 90.000 euros por una actuación que el veterinario consideró necesaria para tratar a una mascota se ha convertido en el símbolo de un conflicto que, más de un año después, volverá a sacar a la profesión veterinaria a las calles.