Durante un operativo de vigilancia medioambiental en el paraje del Cerro de Huenes, dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, varios agentes de la Junta de Andalucía detectaron a tres motoristas circulando campo a través con motos de trial por una zona donde este tipo de actividad está expresamente prohibida.
Los funcionarios siguieron el recorrido de los motoristas hasta que lograron localizarlos en la localidad de Monachil, cuando se disponían a cargar las motocicletas en un vehículo. En ese momento, dos de ellos se negaron reiteradamente a facilitar su identificación, adoptaron una actitud agresiva e incluso intentaron huir del lugar, lo que dio origen a un forcejeo con los agentes.
El suceso ocurrió el 20 de enero de 2024, si bien ahora el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada ha considerado probado que los acusados actuaron con una resistencia activa y grave frente a los agentes, que se encontraban debidamente identificados y en el ejercicio de sus funciones. La sentencia, ya firme, impone a ambos una pena de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, además del pago de las costas judiciales.
Vigilancia en zonas protegidas
El operativo formaba parte de un dispositivo de control medioambiental impulsado por el Espacio Natural de Sierra Nevada y su cuerpo de celadores forestales, con el objetivo de identificar a personas que utilizan motocicletas fuera de los caminos autorizados. Esta práctica, según los técnicos, causa daños significativos a la vegetación y al suelo, además de representar un riesgo para senderistas, ciclistas y corredores que frecuentan estos parajes.
Algunas de las áreas donde se detecta con más frecuencia la presencia de estos vehículos son la Sierra del Manar y el propio Cerro de Huenes, en los términos municipales de Monachil, La Zubia, Dílar y Padul. Son espacios especialmente sensibles por su riqueza natural y la afluencia constante de visitantes.
Reconocimiento a los agentes
La sentencia subraya la importancia de la labor que desempeñan los Agentes de Medio Ambiente en la protección y conservación de los espacios naturales andaluces. El fallo judicial reitera su condición de autoridad pública, reforzando así la protección jurídica de su trabajo frente a conductas que obstaculicen o agredan su función.
Según recoge la resolución, la actuación de los agentes fue «proporcional y ajustada al cumplimiento de sus obligaciones». Con ello, el tribunal deja claro que el respeto a las normas que regulan los parques naturales no solo protege al entorno, sino también la seguridad de todos los usuarios.