La investigación comenzó en junio, cuando los agentes recibieron un chivatazo que les alertaba de que tres individuos estaban furtiveando en diferentes parajes de la Región de Murcia. Concretamente, les indicaban que estaban capturando furtivamente aves silvestres, tales como jilgueros, pardillos y verderones, según informó el instituto armado en un comunicado.
Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) centraron las pesquisas en localizar a los sospechosos, lo que permitió averiguar que procedían de Madrid y habían elegido el municipio de Alcantarilla para establecer su sede en la Región, según informa Europa Press.
La Guardia Civil llevó a cabo una serie de vigilancias que permitió identificarlos así como ubicar dos de los puntos donde llevaban a cabo las capturas.
Con las manos en la malla
Después de constatar la actividad delictiva desarrollada, los agentes establecieron un dispositivo que culminó cuando fueron sorprendidos in fraganti junto al vertedero de residuos sólidos urbanos de la pedanía murciana de Cañada Hermosa. En su poder fueron hallados distintos útiles tales como tijeras de cortar cable, navajas y cuerdas de gran grosor.
Se trata de tres experimentados furtivos, con antecedentes por delitos similares, que han resultado investigados como presuntos autores de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales silvestres por la captura no selectiva de jilgueros.
Según se desprende de la investigación se desplazaban desde Madrid hasta el municipio murciano de Alcantarilla donde coordinaban las jornadas de captura no selectiva en los diferentes puntos de la Región. Después de seleccionar el paraje adecuado, generalmente junto a ríos a los que acuden las aves sobre todo en temporada estival, colocaban un método no selectivo conocido red japonesa.
A continuación se distanciaban unos 100 metros manteniéndose junto a los vehículos, haciéndose pasar por excursionistas, en ubicaciones que tuvieran fácil acceso a la autovía para huir si eran localizados.
Hasta dos años de prisión
Las aves capturadas eran introducidas en pequeñas jaulas que ocultaban fácilmente en los vehículos para transportarlas hasta Alcantarilla. Muchas de éstas morían debido al estrés causado durante su captura y traslado.
La Benemérita señala que el Código Penal, en su artículo sobre delito relativo a la protección de la flora y la fauna, establece penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.