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Un pueblo de Jaén se planta y no dará más licencias para talar olivos y sustituirlos por placas solares

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El Ayuntamiento de Lopera ha decidido poner freno a los megaproyectos fotovoltaicos que planeaban ocupar parte de su suelo agrícola. Su alcaldesa, Carmen Torres, ha anunciado que no se concederán licencias para la instalación de campos de placas solares ni para sus infraestructuras asociadas —líneas de evacuación o alta tensión— mientras existan dudas sobre la legalidad de los planes presentados por las empresas promotoras.

La medida se hizo pública tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento con las plataformas SOS Rural y Campiña Norte. Durante el encuentro, los colectivos entregaron más de 31.000 firmas de ciudadanos que piden suspender la concesión de licencias en Lopera, Marmolejo y Arjona, municipios jienenses afectados por la expansión de los proyectos solares.

La alcaldesa fue tajante: «Mientras no se resuelvan los recursos de revisión que ponen en duda la legalidad de los proyectos fotovoltaicos, no se otorgará ninguna licencia de obra», explicó Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Un compromiso con el olivar tradicional

Torres ha mostrado su adhesión a los recursos interpuestos por SOS Rural y Ecología y Libertad, que cuestionan la fragmentación de los proyectos para eludir la competencia estatal en su aprobación. Según las plataformas, las empresas habrían dividido un único megaproyecto superior a 50 megavatios con el fin de evitar la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Desde SOS Rural insisten en que este fraccionamiento constituye un fraude de ley, ya que impide una evaluación ambiental completa y reduce los controles sobre el impacto que estas infraestructuras podrían tener en el territorio. «Hemos explicado a la alcaldesa de Lopera, y nos habría encantado hacerlo también a sus homólogos de Arjona y Marmolejo, el fraude en el que han incurrido los promotores», añadió Corbalán.

Advertencia judicial y consecuencias legales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya se pronunció el pasado 15 de julio sobre los vicios de nulidad radical de estos proyectos, confirmando los criterios fijados por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De acuerdo con esa resolución, las instalaciones resultarían ilegales si no se ajustan a las autorizaciones ambientales y sectoriales exigidas por ley.

Las plataformas recuerdan que, si los ayuntamientos conceden licencias en este contexto, podrían enfrentarse a acciones de responsabilidad patrimonial cuando se anulen las autorizaciones. Además, la aprobación de proyectos en esas condiciones podría derivar en un presunto delito contra el medio ambiente.

Con su decisión, Lopera se convierte en el único municipio de la Campiña Norte que ha paralizado de forma preventiva los megaproyectos solares, alineándose con la defensa del olivar tradicional y de los agricultores que ven amenazada su forma de vida.

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