El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado este miércoles un nuevo paso para prolongar la gratuidad de las licencias de caza y pesca, una medida que ya funcionaba desde 2023 y que seguirá vigente, como mínimo, dos años más. La norma aprobada, impulsada por el Grupo Popular, extiende además diversas bonificaciones en tasas veterinarias y servicios administrativos.
La decisión llega tras meses de debate interno sobre la política fiscal autonómica. Aunque el Gobierno regional no logró sacar adelante un proyecto de ley de medidas tributarias vinculado a los Presupuestos, los grupos parlamentarios han respaldado de forma mayoritaria esta iniciativa centrada en el sector primario y en actividades vinculadas al medio rural. Solo dos procuradores del Grupo Mixto—Francisco Igea y Pablo Fernández—han votado en contra.
Una prórroga que asegura la gratuidad hasta 2027
El artículo único de la ley, tramitada por lectura única y con carácter de urgencia, establece que las bonificaciones sobre las tasas por licencias quinquenales de caza (clases A y B) y la licencia quinquenal de pesca se mantendrán hasta el año 2027. En la práctica, esto implica que cualquier licencia solicitada en 2026 o 2027 seguirá siendo gratuita durante los cinco años de su validez.
Esto supone un escenario similar al que ya anunciamos en Jara y Sedal en 2023, cuando la Junta aprobó la exención total de las tasas de caza y pesca hasta finales de 2025. Con aquella medida, quienes renovaban en 2025 obtenían permiso para cazar o pescar sin coste hasta 2030. La prolongación ahora aprobada amplía aún más ese horizonte.
Apoyo transversal y alcance de la medida
La votación ha contado con el respaldo de PP, PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila. La procuradora del PP Lorena de la Fuente defendió el texto durante el pleno, que también incluye la bonificación de las tasas por servicios veterinarios y la exención del pago por la expedición de certificados de profesionalidad y duplicados.
La medida mantiene el planteamiento defendido desde el inicio por los grupos que respaldan al Ejecutivo autonómico: reforzar actividades ligadas al territorio, aliviar cargas económicas a ganaderos y facilitar el ejercicio de la caza y la pesca como actividades que, aseguran, contribuyen a la economía rural y al mantenimiento de población en áreas despobladas.
A partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, las nuevas prórrogas entrarán en vigor de forma inmediata. La Junta prevé que miles de cazadores y pescadores se beneficien de esta continuidad en la exención, consolidando una política que, según los grupos proponentes, genera un impacto directo en el medio rural y en el tejido económico que lo sostiene.