Los diputados de VOX en el Congreso Macarena Olona, Ángel López, Magdalena Nevado, Rubén Darío Vega, Luis Gestoso, Manuel Mariscal, Ricardo Chamorro y Rafael Fernández han presentado una Proposición No de Ley con el fin de promover las acciones necesarias para la celebración de un nuevo convenio de colaboración con las diferentes comunidades y ciudades autónomas de España que recoja unos requisitos comunes con el fin de establecer una licencia interautonómica de caza para todos sus territorios, así como una licencia única nacional, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Según defiende la proposición, la actividad cinegética es una herramienta de gestión de los ecosistemas y de equilibrio de las especies; por lo tanto, de conservación del medioambiente. «El conocimiento adquirido por los cazadores acerca de la fauna que los rodea les convierte en actores clave para el control de la población y de enfermedades animales, así como para el mantenimiento del patrimonio natural. En España, la caza es, además, uno de los motores económicos del medio rural, actuando como actividad dinamizadora del empleo y la riqueza», pone en valor el grupo político.
Y citan el primer estudio que aborda la contribución de la caza al desarrollo rural, el de «Evaluación del impacto económico y social de la caza en España«, publicado en el año 2018 por la Fundación Artemisan y Deloitte, con la colaboración del extinto «Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente«. Sus principales resultados revelan que, en España, el 87% del territorio está declarado como de aprovechamiento cinegético. Asimismo, la actividad genera 6.475 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) y que aporta a la Administración Pública un total de 641 millones de euros en concepto de recaudación anual estimada del Impuesto de Sociedades (IS), Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros pagos directos de impuestos y tasas por parte de los agentes cinegéticos.
«En ocasiones los ingresos derivados de la actividad cinegética pueden suponer hasta el 90% del presupuesto anual de municipios en provincias altamente despobladas como Soria, Burgos o Teruel», ponen en valor. Y exponen que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cifró en 186.000 los empleos vinculados a todas las actividades de caza y en 825.000 las licencias cinegéticas expedidas por las distintas Administraciones Públicas. En cuanto a este último dato, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico diferencia en el «Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España a 2020» las licencias de caza interautonómicas (18.352 en el año 2019) de las expedidas en el ámbito de las comunidades autónomas (en esta ocasión no detalla la cifra, pero aporta una gráfica en la que sitúa la misma en tomo a las 800.000).
En este sentido, exponen que «desde hace más de una década se viene reclamando por todos los adores interesados el establecimiento de una única licencia nacional de caza que evite desigualdades entre las comunidades autónomas, que reduzca los trámites ante las Administraciones Públicas y suponga un ahorro tanto para las personas físicas que la soliciten como para los organismos encargados de su expedición».
La unión de varias comunidades con licencias interautonómicas, el gran precedente para esta licencia única nacional
Ante ello, el 9 de abril de 2014, el entonces llamado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León firmaron un protocolo de colaboración para el establecimiento de la licencia única interautonómica. Éste recoge la inquietud ciudadana en el punto Cuatro del Expositivo al señalar que «la emisión de licencias únicas de caza y de pesca evitará que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada Comunidad Autónoma en donde deseen realizar estas actividades, a la vez que esto redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia del gasto en cada una de las Administraciones que suscriben este Protocolo».
En el momento de la firma del Protocolo, el entonces Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, señaló que «en el caso concreto de la caza, es evidente que resulta muy difícil limitar su ejercicio al ámbito estricto de las comunidades autónomas sin causar un perjuicio económico a quien la práctica, sobre todo porque la caza encuentra un lugar apropiado para su desarrollo precisamente en los accidentes geográficos naturales que separan a las comunidades y en muchos casos en ambas vertientes de los límites administrativos autonómicos».
Posteriormente se publicó el Convenio de colaboración entre la Administración General de Estado y las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para todos sus territorios». A este Convenio se adhirió la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 27 de septiembre de 201715.
«Teniendo en cuenta lo anterior, no existe óbice alguno para que el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, promueva, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las acciones necesarias para la celebración de un nuevo Convenio de colaboración con las diferentes comunidades y ciudades autónomas de España que recoja unos requisitos comunes con el fin de establecer una licencia interautonómica de caza para todos sus territorios, configurándose así una licencia única nacional», exponen.
De esta manera, «se evitará que los ciudadanos tengan que repetir los mismos trámites y gestiones administrativas en cada Comunidad Autónoma en donde deseen realizar esta actividad, a la vez que esto redundará en una mayor eficacia administrativa y eficiencia del gasto en cada una de las Administraciones que suscriben este Convenio», concluyen solicitando esta PNL.