Los Agentes Forestales y Medioambientales podrían contar en el futuro con una regulación específica para el uso profesional de armas si prospera la propuesta presentada por UGT Servicios Públicos. El sindicato ha registrado alegaciones en el proceso de reforma del Reglamento de Armas para que se reconozca de forma expresa la situación jurídica de estos funcionarios, cuya labor incluye intervenciones en delitos ambientales, control de fauna o actuaciones en entornos aislados.
La organización sindical formalizó el pasado 5 de marzo sus alegaciones durante el trámite de consulta pública previa del proyecto de reforma normativa. Ese mismo día también remitió un escrito a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, solicitando una reunión para trasladar personalmente el contenido y la justificación técnica de su propuesta.
Desde el sindicato consideran que la actual normativa no refleja la realidad profesional de estos trabajadores, a pesar de que el marco legal estatal ha evolucionado en los últimos años.
Una figura reconocida por ley que el reglamento no contempla
La aprobación de la Ley 4/2024 supuso un paso importante al reconocer a los Agentes Forestales y Medioambientales como funcionarios públicos, agentes de la autoridad y policía judicial genérica. Sin embargo, según denuncia UGT Servicios Públicos, el Reglamento de Armas todavía no se ha adaptado a esta nueva realidad.
Estos profesionales intervienen en delitos ambientales, furtivismo armado, control de vehículos en montes, expolios o aprovechamientos ilegales, además de participar en actuaciones de control poblacional de fauna. Muchas de estas intervenciones se desarrollan en entornos aislados y, en ocasiones, sin apoyo inmediato de otros cuerpos de seguridad.
Además, la propia Ley 4/2024 establece que las administraciones deben dotar a estos funcionarios de los medios técnicos y de seguridad necesarios para desempeñar su trabajo con eficacia.
Un vacío legal que genera inseguridad
En la actualidad, la situación jurídica del armamento que utilizan estos agentes resulta, según el sindicato, anómala. Las armas cortas destinadas a autoprotección se amparan con licencias tipo C, diseñadas originalmente para personal de seguridad privada.
Por otro lado, las armas largas utilizadas en actuaciones técnicas de gestión del medio natural se tramitan mediante licencias D o E, que están pensadas para actividades cinegéticas o deportivas privadas.
Para UGT Servicios Públicos esta situación supone una “ficción jurídica”, ya que las intervenciones sobre fauna o las actuaciones administrativas no tienen nada que ver con la práctica recreativa. El sindicato advierte de que este encaje normativo genera inseguridad jurídica tanto para las administraciones como para los propios agentes.
La propuesta: una nueva licencia profesional tipo G
Para corregir esta situación, UGT plantea que la reforma del Reglamento de Armas incluya la creación de una licencia profesional específica, denominada tipo G, destinada a los Agentes Forestales y Medioambientales.
Según la propuesta sindical, esta licencia estaría vinculada al carné profesional del agente y permitiría, bajo autorización administrativa, la adquisición, tenencia y uso del armamento necesario para el desempeño de sus funciones.
Con esta fórmula se pretende reconocer la doble naturaleza del colectivo, que combina funciones de policía administrativa especializada con labores de gestión pública del medio natural.
Regulaciones similares en varias comunidades
El sindicato recuerda que varias comunidades autónomas ya han desarrollado normas propias que regulan el uso de armas por parte de estos cuerpos. Es el caso de Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Galicia o Canarias, donde existen decretos o leyes específicas que contemplan esta cuestión.
Además, citan precedentes estatales de licencias profesionales similares, como la que regula el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Las alegaciones presentadas por UGT Servicios Públicos han sido consensuadas con CCOO, CSIF y AEAFMA, en lo que describen como una posición común en defensa del colectivo.
Desde el sindicato aseguran que la reforma del Reglamento de Armas representa «una oportunidad histórica para corregir una disfunción de más de tres décadas», y reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio del Interior para actualizar una normativa que consideran desfasada.