La Ley autonómica de Protección Animal de La Rioja -aprobada hace cuatro años por PSOE, Podemos y Ciudadanos y que obliga a esterilizar a todas las mascotas, entre otras medidas y que recurrieron el Gobierno riojano y 50 senadores del PP- demuestra ahora ser un fiasco ya que no ha logrado evitar el abandono animal.
«Las cifras dan miedo, estamos ante un problema enorme que se viene arrastrando desde hace años. Casi un millar de perros se abandonaron sólo en La Rioja en 2021. Parece que sobran los animales, los abandonan sin pudor y los dejan tirados en la calle», ha explicado la presidenta de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja al medio NueveCuatroUno, algo que pone en evidencia la utilidad de esta Ley de Bienestar Animal regional.
Por otro lado, según denuncia la plataforma No a la ley de Protección animal de La Rioja en Facebook, «se fundamentaba en la tasa alta de abandono según ellos y que había que hacer una ley para corregir esta lacra, pero cuatro años después nos encontramos que están las perreras desbordadas; finalmente la conclusión a la que estamos llegando es que esta ley no sirve para nada, excepto para que haya más animales abandonados y una migración sin precedentes a otras comunidades autónomas», denuncian.
¿Qué implica ‘de facto’ esta Ley de Bienestar Animal riojana?
Entre los puntos más polémicos la ley que se recurrieron por parte del PP, destacan los que afectan principalmente a las mascotas al considerar animal de compañía «a todos aquellos que las personas mantienen principalmente en el hogar para disfrute de su compañía», siempre y cuando su tenencia «no implique su consumo o el aprovechamiento de sus producciones o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos». Esta definición abre el abanico a innumerables casos: desde perros y gatos hasta conejos o hurones.
En La Rioja hay alrededor de 57.000 perros, 3.800 gatos y 750 hurones censados y el texto no establece ningún tipo de ayuda o compensación económica para los dueños de animales a esterilizar. Por ello, según la ley son los propietarios los tendrían que asumir el coste de una intervención que se realiza «bajo control veterinario» y, como añade la ley, «empleando procedimientos cuyos efectos fisiológicos sean mínimos». El coste de estas intervenciones oscila, de media, entre los 120 y 250 euros en virtud del animal, su tamaño y el sexo.
El gasto para los dueños no acaba ahí, ya que además de comunicar a las instituciones pertinentes la muerte de su animal, tienen que adjuntar por ley un certificado «expedido por un veterinario donde se hagan constar las causas de la muerte de su mascota y si presenta o no signos de violencia». Es decir, una autopsia en toda regla que implica el pago al correspondiente veterinario encargado de este trámite.
Además de la esterilización de las mascotas, éstas tampoco pueden estar más de 48 horas solas y hay que pasearlas obligatoriamente dos veces al día, algo que también se recurrió.