La respuesta oficial de la Comisión Europea llega tras meses de polémica y pone negro sobre blanco una cuestión clave para el futuro del silvestrismo en España. Bruselas confirma que los estudios impulsados por la Junta de Andalucía para analizar la viabilidad de la cría en cautividad como alternativa a las capturas se ajustan plenamente al marco legal comunitario.
La aclaración se produce a raíz de una pregunta parlamentaria presentada el 1 de diciembre de 2025 por el eurodiputado del PSOE César Luena, que cuestionaba la legalidad de estos trabajos científicos. La Comisión desmonta ese planteamiento y recuerda que este tipo de investigaciones están expresamente contempladas en la normativa europea.
Antes incluso de entrar en el fondo del debate, el Ejecutivo comunitario deja claro que la mera realización de estos estudios no supone ninguna infracción y que su desarrollo responde a un objetivo legítimo y previsto en la legislación vigente.
Investigación amparada por la Directiva Aves
En su respuesta, publicada este lunes, la Comisión Europea subraya que la Directiva Aves contempla la posibilidad de conceder excepciones «para fines de investigación». Este marco legal, según Bruselas, permite realizar estudios destinados a evaluar la viabilidad de determinadas prácticas, entre ellas las relacionadas con aves fringílidas silvestres.
El texto responde así a las afirmaciones del eurodiputado socialista, que había calificado los trabajos de la Junta como «un intento de justificar la reanudación de capturas». La Comisión no comparte esa interpretación y diferencia claramente entre la investigación científica y una eventual decisión posterior basada en sus resultados.
Además, Bruselas recuerda que España se comprometió en 2018 a llevar a cabo un estudio similar sobre esta materia, cuyo inicio fue anunciado en 2021, sin que hasta la fecha se hayan presentado conclusiones técnicas o científicas. Un dato que, implícitamente, deja en evidencia la falta de avances por parte del Gobierno central en este ámbito.
El papel de los Estados miembros
Otro de los aspectos relevantes de la respuesta es la aclaración sobre las competencias. La Comisión Europea señala que la concesión de capturas con carácter excepcional para la realización de estudios corresponde a los Estados miembros, que únicamente deben informar a posteriori a Bruselas para su evaluación jurídica.
Este matiz refuerza la posición de las comunidades autónomas que, como Andalucía, han optado por impulsar investigaciones propias con el objetivo de aportar una base científica sólida al debate.
Tras conocerse la respuesta europea, la Federación Andaluza de Caza ha reiterado públicamente su apoyo «rotundo» a los estudios impulsados por el Gobierno andaluz y desarrollados por entidades independientes, destacando su transparencia y rigor científico.