El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la petición de PACMA para paralizar cautelarmente el plan autonómico que permite controlar ejemplares de lobo dentro de unos cupos limitados. La resolución supone un nuevo revés para el partido animalista en plena batalla legal y política sobre el futuro de la especie en España.
El auto, fechado el pasado 14 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, deniega la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) contra la orden aprobada por la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería del Ejecutivo cántabro. Dicha orden dio luz verde el pasado marzo al nuevo plan de gestión del lobo en la comunidad autónoma.
La normativa mantiene la posibilidad de realizar controles poblacionales con un límite máximo anual del 20 % de la población de lobos, una cifra similar a la contemplada en el anterior plan. Además, reorganiza el territorio reduciendo de tres a dos las zonas con presencia del cánido en la región.
Desde PACMA reclamaban la suspensión inmediata de la orden al considerar que podía provocar daños irreparables sobre la conservación de la especie. Sin embargo, el tribunal no comparte esa interpretación y considera que detener cautelarmente la aplicación del plan sería una decisión «completamente desproporcionada».
El tribunal avala la continuidad del plan
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sostiene en su resolución que «nada apunta a que sirviera para las finalidades perseguidas, ni siquiera de conservación de especies». Además, añade que «la ejecutividad de la orden no genera el daño irreparable e irreversible» al lobo que denunciaba PACMA.
La decisión judicial permite así que Cantabria continúe aplicando su modelo de gestión del lobo mientras se resuelve el fondo del recurso presentado por el partido animalista. El Gobierno regional ha valorado positivamente el auto al entender que refuerza la necesidad de compatibilizar la conservación del lobo con la protección de la ganadería extensiva. El fallo también impone las costas procesales a PACMA, aunque con un límite de 300 euros. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días desde su notificación.
La cuestión del lobo continúa siendo uno de los asuntos más tensos en el ámbito rural del norte de España. Ganaderos y organizaciones agrarias llevan años denunciando el aumento de ataques sobre el ganado y reclamando herramientas eficaces para controlar la expansión de la especie, especialmente en zonas de montaña.
El norte del Duero puede gestionar al lobo y el sur sigue bloqueado
La situación legal del lobo en España continúa marcada por un escenario desigual. Al norte del río Duero, las comunidades autónomas pueden aplicar medidas de control poblacional, como sucedía antes de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021.
Sin embargo, al sur del Duero la gestión sigue prácticamente bloqueada pese al incremento de incidencias y ataques al ganado. En muchas zonas afectadas, los ganaderos denuncian sentirse abandonados y aseguran que las soluciones administrativas no llegan mientras aumentan las pérdidas económicas.
El caso de Cantabria se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales sobre esta cuestión. La comunidad mantiene desde hace años una postura favorable a compatibilizar la conservación de la especie con controles regulados, argumentando que la presión sobre la ganadería es insostenible en determinadas áreas. La resolución del TSJC refuerza ahora esa línea de actuación y vuelve a evidenciar el choque entre la visión conservacionista más estricta y las demandas del mundo rural, que reclama herramientas de gestión para convivir con el gran depredador.