Tal y como informábamos hace unos días, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha iniciado la tramitación de un proyecto de orden que ha generado una importante polémica. De esta forma, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal ha propuesto implantar un sistema de precintado telemático de todas las piezas de caza mayor y menor capturadas en la región que se haría efectivo durante las dos próximas temporadas.
La medida ha pillado por sorpresa a la Federación de Caza de Castilla y León, la cual ha mostrado su sorpresa por la noticia (de la cual no había sido informada) y ha hecho un llamamiento urgente a todos los cazadores para que presenten alegaciones contra el borrador, en fase de consulta hasta mañana 9 de agosto.
Los representantes de los cazadores además han emitido un duro comunicado contra la Junta de Castilla y León en el que han mostrado su oposición frontal con la medida, que obligaría a utilizar una aplicación móvil para precintar digitalmente todas las especies de caza mayor y menor. Según ellos esto supondría un grave ataque al sector y especialmente a los cazadores más veteranos.
Quiñones responde a la Federación
Tras la polémica generada, el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quiso llamar a la calma ayer y afirmó que la Junta de Castilla y León aún no ha emitido ninguna orden sobre la normativa que regulará la implantación y el control telemático de precintos de caza.
Además, resaltó que la propuesta está en fase de consulta pública, precisamente para que las partes interesadas realicen sus aportaciones, y se mostró abierto al diálogo con el sector antes de la redacción definitiva: «Hemos lanzado a información pública una proposición para que todo el mundo pueda opinar. No hay que recurrir nada simplemente hay que presentar las alegaciones correspondientes y a los colectivos que reúnen a los cazadores les escucharemos especialmente porque nos reuniremos con ellos igual que hicimos para la ley de caza del año 21», aclaró.
Por último, Suárez-Quiñones quiso recordar que el Gobierno regional siempre ha estado a favor de la actividad cinegética, a la que considera «un elemento de sostenimiento económico y social de nuestro medio rural que genera, según los cálculos, entre 500 y 600 millones de euros».