La Federación Andaluza de Caza denunció el pasado 4 de agosto que el Gobierno de Juanma Moreno estaba desarrollando una Ley de Bienestar Animal para Andalucía que suponía una grave amenaza para la caza. Además, la FAC señalaba que el anteproyecto de la norma no se había consensuado técnicamente con el sector cinegético durante su tramitación, lo que demostraría «que se trata de un texto legal que responde exclusivamente a intereses animalistas y anticaza». Los representantes de la caza social andaluza aseguraban que, de salir adelante, esa norma afectaría «gravemente a la caza, pudiendo incluso acabar con ella».
Estas declaraciones pusieron en alerta a los cazadores andaluces desatando una profunda ola de indignación, y produjeron un terremoto político tras el cual VOX, formación con la que el Partido Popular de Andalucía tiene un acuerdo de gobierno, se posicionó en contra del ejecutivo. Iván Espinosa de los Monteros criticó la iniciativa a través de su cuenta Twitter y Manuel Gavira, portavoz de la formación verde en el parlamento de Andalucía, aclaró que no apoyaría la Ley de Bienestar Animal «por atacar a la caza».
Según ha podido saber Jara y Sedal a través de fuentes cercanas a la Federación Andaluza de Caza, después de su nota de prensa la Junta de Andalucía habría «paralizado la tramitación de la norma para revisar de nuevo el texto sometido a consulta pública». O lo que es lo mismo, lo habría metido en un cajón cerrado con llave para esquivar la polémica.
La caza, de momento, se mantiene a salvo de la ley animalista en Andalucía
El hecho de que el anteproyecto se haya archivado significa que Andalucía posiblemente no llegue a desarrollar la norma durante la presente legislatura, especialmente si tenemos en cuenta el más que probable adelanto electoral del que ya se empieza a hablar en la Comunidad. Esto aleja los fantasmas de una norma que ataca a los cazadores y que ha sido diseñada por grupos animalistas a sus espaldas. Jara y Sedal ha contactado con diferentes cargos de la Junta de Andalucía relacionados con el desarrollo de esta norma, pero ninguno ha querido manifestarse con respecto a esta noticia.
Hay que recordar que el listado de prohibiciones que contenía el proyecto ahora archivado en un cajón es muy amplio. Los servicios jurídicos de la FAC alertaron de que su puesta en marcha podría acabar con modalidades como la caza de perdiz con reclamo, cetrería y acuáticas y prohibiría la cría de perros a particulares. Además, obligaría a todos los cazadores a castrar a sus perros, en la línea de lo propuesto para la ley nacional por Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales colocado a dedo por Unidas Podemos y uno de los animalistas más radicales del panorama político español.
