El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este jueves que la Junta «avanzará en la profesionalización y mejora de los guardas rurales de la región en su especialidad de caza».
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta oral, el consejero ha defendido que la regularización normativa de esta nueva figura no perjudicará a los guardas de coto de caza ya contemplados en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres en Andalucía, por lo que «este cuerpo seguirá existiendo hasta que se jubilen todos los profesionales que integran este colectivo», ha precisado.
Fernández-Pacheco ha explicado que, para «conocer en profundidad» las necesidades de este colectivo, en los últimos meses se han desarrollado diferentes reuniones entre la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y los representantes de los guardas rurales. «Desde el Gobierno andaluz hemos tomado nota para avanzar en la profesionalización de un sector que realiza un trabajo fundamental para proteger el territorio natural, por lo que esta nueva figura supone un paso más en la mejora de sus condiciones», añadía.
Entre sus labores, desde la Junta han destacado en una nota de prensa la de vigilancia de la actividad cinegética en los espacios en los que presta su servicio, en los que «hará cumplir la legislación vigente y denunciará cuantas infracciones lleguen a su conocimiento».
En esta línea, el consejero de Sostenibilidad ha destacado que el Gobierno autonómico está «comprometido» con los guardas rurales y con la caza sostenible como sector «estratégico» en Andalucía, ya que es «una actividad vital para el mundo rural» que actualmente da empleo a más de 45.000 personas en Andalucía y genera 71 millones de euros diarios, según ha destacado. Al respecto, Fernández-Pacheco ha añadido que la caza ayuda a fijar la población en las zonas rurales, proteger el medio natural y controlar las poblaciones de animales.
La importancia del acuerdo
Según pone en valor en declaraciones a este medio Víctor Villalobos, responsable regional del sector de los Guardas Rurales en Andalucía (FTSP-USO), este acuerdo es relevante ya que «muchos ayuntamientos hacen convenios de colaboración con sociedades de caza y cooperativas agrícolas con el objeto de mejorar la eficiencia en la realización de un servicio público de competencia municipales». Y lo hacen «a través de un mecanismo de gestión conjunta entre una Administración pública y entidad de derecho privado, dirigido a una finalidad común».
Esto tiene entre otros objetivos la disuasión de robos agrícolas o ganaderos, vertidos ilegales, vigilancia de la caza y de su hábitat, colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes técnicos de caza, el auxilio a la autoridad medioambiental en la conservación de los ecosistemas y de las especies de fauna y flora silvestre y el auxilio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la región en el cumplimiento de la legislación vigente tanto en el ámbito de sus funciones como en el de la prevención y extinción de los incendios.