La Dirección General de los Derechos de los Animales lanzó el pasado viernes un formulario a través de Internet con el objetivo de demostrar que en febrero se abandonan miles de perros de caza como consecuencia del fin de la temporada. Esta falsedad, repetida durante la última década por los animalistas para criminalizar a los cazadores frente al resto de la sociedad, ya ha sido desmontada en reiteradas ocasiones por la Guardia Civil.
La asociaciones animalistas repiten cada año que en febrero se abandonan 50.000 galgos, algo que nunca han podido demostrar. Con este formulario, que carece de cualquier tipo de rigor o control de los datos y es fácilmente manipulable –como demostró Jara y Sedal–, la Dirección General de los Derechos de los Animales que dirige el anticaza Sergio García Torres pretende demostrar que son ciertas las afirmaciones sobre el abandono de perros por parte de los cazadores. Ahora, Jaime Valladolid Abogados ha instado a esta Dirección General a que rectifique de inmediato y exige que se publique el convenio suscrito para la elaboración del formulario sobre abandono de perros de caza.
Documentos exigidos a Sergio García Torres
Jaime Valladolid, Letrado director del despacho profesional JV abogados, ha ha remitido este lunes un escrito dirigido a García Torres en el que pone de manifiesto una serie de circunstancias que podrían ser contrarias a la normativa vigente.
Hay que resaltar que este formulario ha sido creado con una aplicación de Google por la asociación animalista APA MAS VIDA, según puede leerse en el documento. A pesar de llevar el sello de la Dirección General de los Derechos de los Animales y de ser promocionada como propia por su director, el formulario no incluye ninguna casilla para la política de privacidad RGPD.
Por ello, Valladolid requiere a García Torres la remisión de documentos como la disposición normativa por la que se habría acordado la elaboración de los referidos formularios; el convenio suscrito entre la Dirección General de Derechos de los Animales y la organización encargada de elaborar y enviar los formularios y, en tercer lugar, la disposición normativa que regula el tratamiento de los datos relativos a infracciones penales que se incluyen en dichos formularios.
Contradicciones y una «evidente carencia competencial» de la DGA
Valladolid, en la misiva dirigida a Sergio García Torres, comienza exponiendo distintos puntos del cuestionario, señalando que «resulta contradictorio que en dicho vídeo se asevere que febrero es el mes del año en el que más perros de estas razas se abandonan y que, sin embargo, se afirme que la Administración no cuenta con datos objetivos al respecto».
También critica «la evidente carencia competencial de la Dirección General de Derechos de los Animales para recepcionar denuncias sobre hechos que podrían ser constitutivos de ilícitos penales o administrativos» ya que las denuncias deben formularse ante las autoridades, funcionarios y agentes competentes que están encargados de investigar y sancionar el hecho u omisión presuntamente ilegal.
Las denuncias falsas, una realidad
Entre otros puntos que el formulario vulnera, se encuentran que éste no obliga a que el denunciante firme la denuncia, lo que favorece la inclusión de denuncias falsas. «En este sentido, es preciso cuestionarse de qué modo la Dirección General de Derechos de los Animales comprobará la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, cómo actuará para el supuesto de que se comprobase que los mismos son falsos», explica Valladolid en la carta.
Otra de las cuestiones sobre las que se plantean ciertas dudas sobre su legalidad es la concerniente al tratamiento y difusión de los datos personales obtenidos a través de dichos formularios.
¿Cómo se sabe si el perro procede de la caza?
Según sigue explicando Valladolid en la carta, «del mismo modo, es preciso cuestionarse de qué modo puede certificarse que un perro, por el mero hecho de ser de la raza podenco o galgo, se emplea para la práctica de la actividad cinegética, pues lo cierto es que muchos de ellos, aun siendo de estas razas, no son destinados para la caza. Sin duda, se trataría de un silogismo carente de objetividad y completamente erróneo e irreal».
Esto implica que los perros que se encuentran en el ámbito rural, entre los que se incluyen los perros de caza, son, de nuevo, los menos abandonados, con un 11,6 %. Una cifra que, además, se reduce respecto al anterior informe (12,6 % en 2019).
Además, según los datos oficiales facilitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en el año 2018 se abandonaron 546 perros, de los que 172 eran de razas empleadas habitualmente para la caza (sin constatarse que dicho perros hubiesen sido destinados para la caza). Y en el mes de febrero de 2018 se abandonaron 52 galgos en toda España, según expone Valladolid en la misiva.
Asimismo, el conocido abogado invita a García Torres a leer y a estudiar con detenimiento otra fuente principal de información de la que puede obtener dichos datos, como lo son las Memorias Anuales de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, que se basan en denuncias formuladas, procedimientos judiciales incoados y sentencias dictadas en relación con los ilícitos penales de abandono y maltrato animal.