La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han investigado desde el pasado 1 de marzo a la presidenta de una asociación de Gran Canaria por un delito continuado de falsedad documental al presuntamente falsificar los certificados de exportación y presentarlos ante las autoridades del Reino Unido para llevar a cabo la exportación de 482 perros desde Gran Canaria al país británico entre enero de 2021 y octubre de 2022.
Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa que recoge Europa Press, la investigación de la mujer se ha producido después de que agentes de la Guardia Civil tuvieran conocimiento de lo ocurrido el 4 de noviembre de 2022 tras la denuncia interpuesta por el coordinador regional del Servicio de Sanidad Animal del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno de Canarias.
En la misma informaba que su homólogo en el Reino Unido (APHA) le había traspasado una información en la que investigaba la entrada en el Reino Unido de perros procedentes de la isla de Gran Canaria por la dudosa autenticidad de los certificados oficiales presentados por la asociación investigada, pudiendo verificar que dichos certificados no habían sido realizados por el Servicio de Sanidad Animal.
Solicitaba 542 euros por adopción
Atendiendo a estos datos, los agentes realizaron todas las gestiones pertinentes para el esclarecimiento del ilícito penal verificando cómo desde enero de 2021 a octubre de 2022 la asociación en cuestión había exportado al Reino Unido 482 perros solicitando a las personas adoptantes un importe económico de unos 542 euros por los gastos de atención de los animales y traslado. Lo que supondría, según los datos aportados en la nota de prensa de la Guardia Civil, haber ingresado cerca de 265.000 euros.
Según detalla el instituto armado, también se realizó una inspección conjunta con la Técnico Veterinaria de la Dirección General de Ganadería en las instalaciones que tiene la asociación investigada en el municipio grancanario de Agüimes, localizando una gran cantidad de animales de diferentes especies: 141 perros, 3 cerdos, 8 cabras, 7 equinos, 5 ovejas y 30 gallinas; careciendo estos de registros de entrada y salida de animales ni de recogida de cadáveres por parte de empresa gestora autorizada, además de falta de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC).
Ante ello, la presidenta de la asociación investigada expuso que la mayoría de los perros proceden del Albergue Insular de Bañaderos y de los CETA de los municipios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.
Cuatro cadáveres de perros semienterrados y otras irregularidades
Los agentes han localizado a cuatro cadáveres de perros con microchip semienterrados en el terreno anexo a las instalaciones de la asociación.
Finalmente, los investigadores en el ejercicio de sus funciones específicas realizaron la verificación de los pasaportes comunitarios de los perros, pudiendo comprobar cómo en uno de ellos el sello de la campaña de vacunación antirrábica obligatoria y la etiqueta correspondiente a la identificación de la vacuna, han sido recortados de otro pasaporte y pegados con cinta adhesiva.
Según informa la Guardia Civil, en el movimiento comercial intracomunitario de animales vivos se está sujeto a cumplir las normas zoosanitarias establecidas para evitar la extensión de enfermedades potencialmente transmisibles al hombre y a otros animales, además de proceder de establecimientos que cumplan la legislación vigente y estar autorizados a tal efecto, no siendo el caso de esta asociación al no encontrarse inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias.
En relación con ello, matiza que para eludir los controles de España y no declarar las partidas comerciales con sus correspondientes Documento Único Administrativo (DUA), la presidenta de la Asociación falsificaba los certificados de exportación y los presentaba ante las autoridades del Reino Unido. Esta práctica le permitió introducir en el Reino Unidos unos 482 perros, obteniendo con ello unas aportaciones económicas que podrían rondar los 265.000 euros. Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de guardia de Telde (Gran Canaria).