El uso de artes prohibidas para capturar animales salvajes vuelve a situarse en el punto de mira de la Guardia Civil. Agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de Toledo han investigado a un hombre por su presunta implicación en un delito contra la fauna tras localizar varios lazos de cable de acero colocados en un coto de caza del término municipal de Orgaz, unos dispositivos cuya utilización está expresamente prohibida por la legislación.
La actuación se enmarca en la denominada ‘Operación Orlaz’, iniciada después de que se comunicara la presencia de varios lazos instalados en el interior del acotado. Las primeras comprobaciones permitieron confirmar que los cables habían sido colocados en pasos utilizados habitualmente por la fauna silvestre, donde esperaban atrapar de forma indiscriminada a cualquier animal que transitara por ellos.
Lejos de tratarse de un método cinegético, estos sistemas son considerados medios ilegales de captura por su carácter no selectivo y por el grave riesgo que suponen para la conservación de la fauna.
Seis lazos retirados antes de que causaran daños
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron identificar al presunto responsable de la instalación de los lazos. Además, procedieron a la retirada de seis medios de captura prohibidos, evitando que continuaran activos en el medio natural.
Según ha informado la Guardia Civil, estos lazos de cable de acero se consideran «medios no selectivos de fauna, que además de ser tremendamente lesivos y no selectivos, son un peligro para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, pudiendo incluso atrapar y dar muerte a especies protegidas como el Lince Ibérico».
La retirada de estos dispositivos impidió que pudieran ocasionar nuevas capturas ilegales de fauna silvestre y redujo el riesgo para especies protegidas presentes en la zona. Un aspecto especialmente destacado por la Guardia Civil ha sido la colaboración prestada por los guardas rurales encargados de la vigilancia del coto, cuya actuación resultó fundamental para detectar la presencia de estos medios prohibidos y facilitar el desarrollo de la investigación.
Un delito castigado con penas de prisión
Los hechos investigados podrían constituir un delito contra la fauna previsto en el Código Penal. En caso de condena, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de cuatro meses a dos años o a una multa de entre ocho y veinticuatro meses.
Además, la legislación contempla la inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho a cazar o pescar durante un periodo de uno a tres años, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante ese mismo tiempo.
La Guardia Civil recuerda que los lazos de acero figuran entre los métodos de captura prohibidos precisamente por su falta de selectividad, ya que pueden atrapar tanto especies cinegéticas como animales protegidos, provocando graves lesiones o incluso la muerte y comprometiendo el equilibrio de los ecosistemas.