La actuación de la Guardia Civil en una protectora de animales situada en en el municipio grancanario de Agüimes ha sacado a la luz una serie de presuntas irregularidades que ahora están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). La presidenta de la entidad figura como investigada por un posible delito contra los animales tras una larga instrucción.
Según han informado diferentes medios como La Razón, los hechos se remontan a una investigación iniciada hace más de tres años y que ha culminado con un registro judicial autorizado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde. La intervención ha tenido como resultado la incautación de animales, la localización de restos y la retirada de fármacos cuya tenencia no estaba justificada.
La actuación no surge de forma aislada. Según ha informado la Guardia Civil, las sospechas sobre el funcionamiento del centro se venían acumulando desde hace tiempo, a raíz de denuncias de antiguas colaboradoras y de una querella presentada por el Ministerio Fiscal.
Una investigación que arranca en 2022
Las primeras diligencias se iniciaron en noviembre de 2022, cuando agentes del SEPRONA inspeccionaron por primera vez las instalaciones. En aquel momento localizaron 34 perros y 22 gatos, una cifra que contrastaba de forma llamativa con los 397 animales que figuraban en la documentación interna de la asociación.
Esa diferencia levantó las primeras alertas. A partir de ahí, los investigadores pusieron los hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Agüimes por la ausencia de permisos y por deficiencias consideradas graves en las condiciones de alojamiento de los animales.
También se abrió un expediente en materia de sanidad animal al comprobar que la protectora no estaba inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, carecía de libro de entradas y salidas y no gestionaba los certificados necesarios para el movimiento de animales dentro de la Unión Europea.
Obstrucción y movimientos irregulares de animales
La situación se complicó en enero de 2025, cuando el SEPRONA regresó al recinto junto a personal veterinario municipal. En esa inspección, la presidenta de la protectora impidió el acceso a los agentes, lo que derivó en una denuncia por obstrucción a la labor de la autoridad.
Las comprobaciones posteriores confirmaron que la entidad seguía sin regularizar su situación administrativa. Además, las autoridades de Países Bajos detectaron movimientos de animales procedentes de este centro sin los certificados sanitarios obligatorios, dentro del sistema europeo de control del comercio intracomunitario de mascotas.
Tampoco figuraba como núcleo zoológico ni contaba con autorización para desarrollar su actividad en la parcela inspeccionada, lo que terminó de apuntalar la intervención judicial.
Incautaciones, restos hallados y medicamentos ilegales
El registro se ejecutó en septiembre de 2025 con la participación del SEPRONA, el Grupo de Intervención Rápida de la Guardia Civil de Vecindario, veterinarios municipales y personal del Gobierno de Canarias. Como resultado, se procedió a la incautación de 28 perros y dos gatos.
Durante la inspección, los técnicos constataron un deterioro notable de las instalaciones y graves deficiencias en los espacios destinados a los animales. En el registro se localizó además un bidón metálico con restos compatibles con un animal incinerado, entre los que apareció un microchip registrado a nombre de la propia protectora, un método de eliminación contrario a la normativa.
También se intervinieron 22 cartillas sanitarias de felinos que no se encontraban en el recinto y una cantidad significativa de medicamentos de uso humano y veterinario sujetos a control internacional, almacenados sin prescripción ni autorización sanitaria.
Los animales retirados fueron trasladados al albergue municipal de mascotas y al albergue insular de Gran Canaria, donde permanecen bajo supervisión veterinaria.