El 17 de enero de 2017, una operación policial irrumpió en el negocio familiar Cantábrico Militaria, en Getxo. Jesús Prieto, de 68 años, y su hija Amaia, licenciada en Bellas Artes, fueron detenidos por presunta pertenencia a una red internacional de tráfico de armas. En realidad, su tienda se dedicaba a la venta de piezas históricas inutilizadas para el cine y el coleccionismo. La investigación, plagada de errores según ha informado elDiario.es, les llevó a pasar tres meses en prisión por unos delitos que nunca cometieron.
El caso fue finalmente archivado el 31 de enero de 2022, pero las secuelas personales y económicas siguen vivas. Tras salir de la cárcel, su negocio quedó arruinado, con miles de armas incautadas y dañadas, y la reputación familiar destruida. Ahora, ocho años después, la justicia investiga a los dos mandos policiales que dirigieron aquella operación.
Una querella por acusación falsa
La familia Prieto presentó a finales de 2024 una querella contra los dos agentes que firmaron los informes clave de la llamada Operación Portu. Se les acusa de los delitos de acusación y denuncia falsa, falso testimonio, daños imprudentes y vejaciones injustas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo admitió la denuncia el 8 de marzo de 2025, citando a declarar a los policías en junio. Aunque la Fiscalía pidió el archivo, el juez mantiene abierta la investigación.
La acusación policial se basó en que, según los agentes, las armas vendidas como inertes se reactivaban para el comercio ilegal. Los informes, según apunta el citado medio, incluían imprecisiones técnicas y referencias alarmistas al «clima de tensión en Europa tras los atentados terroristas», vinculando sin pruebas el negocio vasco con atentados en Bélgica. Un certificado de inutilización hallado allí fue usado como supuesto nexo, aunque nunca correspondió al arma usada en el atentado.
Ascensos pese al «fracaso estrepitoso»
Pese al desastre judicial, el citado medio detalla que los dos agentes fueron condecorados y ascendidos. Uno de ellos recibió incluso la Medalla Roja al Mérito Policial, con un aumento vitalicio del 10% del sueldo, y hoy ocupa un cargo en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El segundo trabaja actualmente en la División de Personal de la Policía y dirige una academia privada.
Mientras tanto, Jesús y Amaia tratan de rehacer sus vidas. El 95% de sus clientes desaparecieron y los daños en las piezas, muchas expuestas a la intemperie durante años, ascienden a 1,2 millones de euros. En palabras del juez que archivó la causa, la operación fue «colosal» y se ha desbaratado punto por punto.
Un daño imposible de reparar
El negocio familiar, conocido por haber suministrado armas para películas como Los últimos de Filipinas o El laberinto del fauno, no ha vuelto a ser el mismo. «Nunca superaremos la experiencia de la cárcel», confesó Amaia Prieto a elDiario.es. La justicia determinó que las armas eran inertes, sin posibilidad de disparo, pero para los Prieto el daño ya estaba hecho.