La tranquila localidad de Recas (Toledo) se ha visto sacudida por un nuevo episodio relaccionado con la fauna silvestre. La Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha abierto diligencias a un hombre de 50 años al que se le atribuye la destrucción de una decena de nidos de golondrina común (Hirundo rustica) en un garaje comunitario del municipio. En el interior de esas pequeñas construcciones de barro se encontraban varias crías, de las cuales solo tres pudieron ser rescatadas con vida.
El aviso llegó gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a los agentes de la PACPRONA de Toledo sobre la aparición de restos de nidos y polluelos muertos en el suelo. Una vez en el lugar, los guardias civiles comprobaron los hechos y lograron recuperar a tres polluelos con vida, que fueron recogidos para ser posteriormente reintegrados en el medio natural.
Un delito contra la biodiversidad
La destrucción de los nidos de golondrina común constituye un delito contra la flora y fauna, recogido en el artículo 334.1 del Código Penal. Este establece que la eliminación o deterioro de especies protegidas puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años o sanciones administrativas que oscilan entre los 5.001 y los 200.000 euros, en función de la gravedad de los daños causados.
Las golondrinas comunes están protegidas debido a su importante papel en el ecosistema. Estas aves insectívoras contribuyen de manera decisiva al control de plagas, alimentándose de mosquitos y otros insectos que afectan tanto al ser humano como a la agricultura. La destrucción de sus nidos no solo atenta contra la vida de los polluelos, sino que también rompe el equilibrio natural de la zona.
Antecedentes recientes en la comarca
Este caso no es un hecho aislado. En los últimos meses, la comarca de La Jara y el entorno de Talavera de la Reina se han visto afectados por la presión de quienes actúan fuera de la legalidad. Sin ir más lejos, hace unos días la Guardia Civil interceptó a una persona con más de 300 conejos de campo adquiridos de manos de individuos que los capturaban de forma ilegal. Además, otras trece personas fueron investigadas por actividades furtivas relacionadas con erizos y liebres.
Estos episodios muestran la importancia de la vigilancia ambiental y de la implicación de los vecinos, cuya denuncia fue clave en el caso de Recas. La conservación de la fauna autóctona es esencial para la biodiversidad y para la sostenibilidad del medio rural.
Posibles consecuencias judiciales
El investigado deberá responder ahora ante la autoridad judicial, que determinará su responsabilidad en los hechos. De confirmarse la autoría, podría enfrentarse a penas de prisión y a una sanción económica considerable. Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de respetar y proteger las especies protegidas, ya que cumplen un papel fundamental en el ecosistema y su eliminación supone un grave perjuicio para el entorno.