El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una nueva subasta pública de bienes inmuebles en la provincia de Teruel. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 19 de noviembre de 2025, incluye un total de 48 fincas rústicas pertenecientes al patrimonio estatal. La licitación se celebrará el 18 de diciembre, a las 10:00 horas, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, situada en la avenida de Sagunto, 24.
Las ofertas podrán presentarse tanto en sobre cerrado como en pública alza. El pliego de condiciones está disponible en la propia delegación, en la web del Ministerio de Hacienda y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos donde se ubican los terrenos. Los interesados disponen de treinta días naturales desde la publicación en el BOE para formalizar sus solicitudes.
La parcela más barata: 4,82 euros por una finca rústica en Aldehuela
Entre los lotes ofertados, el precio más llamativo es el del lote 31, correspondiente a una parcela rústica situada en Aldehuela (Teruel). Se trata de la parcela 166 del polígono 102, cuyo valor de salida en primera subasta es de tan solo 4,82 euros, bajando a 4,10 euros en una segunda. Es, con diferencia, la finca más barata de todo el listado y una de las tasaciones más bajas registradas en procesos similares de los últimos años.
Otros lotes, como los ubicados en Oliete, Plou o Samper de Calanda, alcanzan precios de salida superiores a los mil euros, especialmente en terrenos de mayor extensión. No obstante, la mayoría de parcelas ofertadas son pequeñas fincas agrícolas o superficies dispersas del inventario estatal que han quedado en desuso.
48 terrenos repartidos por toda la provincia
Las fincas subastadas se distribuyen por municipios como Oliete, El Campillo, Plou, Samper de Calanda, Urriellas o Gaudé, además de Aldehuela. Las tasaciones más altas superan los 2.000 euros, aunque predominan los lotes que no rebasan los 300 o 400 euros, lo que previsiblemente atraerá a pequeños propietarios y explotaciones agrícolas locales.
La subasta forma parte del plan estatal para racionalizar el patrimonio público y desprenderse de bienes improductivos. Todas las parcelas están inscritas en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y, según el BOE, ninguna presenta cargas registrales.
